Navi Pillay: un Nobel en defensa de la civilización frente al regreso de la fuerza

El reconocimiento a la jurista sudafricana reivindica una conquista fundamental del siglo XX: que ningún poder debe quedar por encima de la dignidad humana ni de la responsabilidad por sus crímenes.

El Nobel de la Paz concedido este 9 de octubre a Navanethem “Navi” Pillay puede leerse como una defensa del proceso civilizatorio que intentó abrirse paso después de las dos guerras mundiales. En una época marcada por la proliferación de conflictos armados y el cuestionamiento de las instituciones internacionales, premiar a una jurista representa una toma de posición: la paz necesita reglas, tribunales y responsabilidades que sobrevivan a la voluntad de los poderosos.

El Comité Noruego del Nobel reconoció a Pillay por sus esfuerzos en favor de la paz y el derecho internacional. Su explicación fue explícita: el orden jurídico mundial se encuentra bajo presión, mientras sus instituciones y sus jueces enfrentan ataques políticos. El galardón busca recordar que la posibilidad de resolver conflictos sin violencia depende de la vigencia del Estado de derecho, dentro de los países y entre ellos.

La escena del anuncio añadió una dimensión histórica excepcional. Pillay recibió la noticia mientras participaba en un foro jurídico en Núremberg, en el recinto donde fueron juzgados los principales dirigentes nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Allí dedicó el reconocimiento a los sobrevivientes de crímenes internacionales y advirtió sobre los ataques que enfrentan los derechos humanos y las instituciones encargadas de protegerlos.

Núremberg encarna una ruptura decisiva: ejercer el poder estatal dejó de ser una justificación suficiente para eludir la responsabilidad individual por atrocidades. La soberanía, la obediencia y la victoria militar no podían constituir una absolución automática.

Esa aspiración tomó forma en una arquitectura institucional que buscó responder a las catástrofes del siglo XX. La Carta de las Naciones Unidas, de 1945, estableció obligaciones para preservar la paz y resolver controversias por medios pacíficos. En diciembre de 1948 fueron adoptadas la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El propósito era convertir la protección de la persona en una responsabilidad internacional.

En ese sentido, hablar de un proceso civilizatorio exige precisión. Significa construir límites verificables al ejercicio de la violencia: reconocer que una población civil no puede ser tratada como material prescindible, que la persecución de un grupo no es un asunto exclusivamente interno y que los crímenes más graves deben poder investigarse incluso cuando sus responsables conservan poder.

La trayectoria de Pillay expresa esa búsqueda. Nacida en Durban en 1941, en una familia de ascendencia india tamil, creció bajo el apartheid sudafricano. Su experiencia de discriminación precedió a una carrera dedicada a combatirla mediante el derecho. En 1967 abrió su propio despacho; posteriormente estudió en Harvard, donde obtuvo el doctorado en Ciencias Jurídicas en 1988. En 1995 fue nombrada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica.

Su trabajo adquirió alcance mundial en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, del que llegó a ser presidenta. Allí contribuyó a establecer que la violación y otras formas de violencia sexual podían constituir crímenes de lesa humanidad y, bajo determinadas condiciones, genocidio. Ese avance permitió reconocer jurídicamente una dimensión de las atrocidades que durante mucho tiempo había sido relegada en la investigación y el castigo de los crímenes internacionales.

Después fue jueza de la Corte Penal Internacional y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014. Presidió, de 2021 a 2025, la comisión independiente de investigación sobre el territorio palestino ocupado y, desde 2019, ejerce como jueza ad hoc en la Corte Internacional de Justicia en el caso relativo a las acusaciones de genocidio contra Myanmar. Su recorrido conecta la lucha contra la discriminación con la exigencia de responsabilidad internacional.

El contexto del premio explica su relevancia. Según el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, con datos del programa de conflictos de la Universidad de Uppsala, en 2025 se registraron 65 conflictos armados con participación estatal en 35 países, la cifra más alta de la serie iniciada en 1946. Los enfrentamientos directamente entre Estados alcanzaron ocho, el doble que el año anterior. Estas cifras corresponden a una clasificación específica y al último año analizado; aun con esa precisión, muestran un deterioro profundo de la seguridad internacional.

La invasión rusa de Ucrania, la guerra en Gaza y la violencia en Sudán estuvieron entre los principales factores de ese deterioro. Su coexistencia revela un problema que supera cada escenario: la creciente dificultad para proteger a las poblaciones, contener la expansión regional de las guerras y hacer efectivas las responsabilidades por los abusos.

Pillay abordó precisamente esa tensión en sus primeras declaraciones. Señaló que el derecho internacional y los derechos humanos atraviesan una etapa de fuertes ataques políticos, con especial referencia a la Corte Penal Internacional. A los dirigentes les recordó su obligación jurídica de proteger los derechos humanos y abstenerse de la guerra. Su mensaje coloca la conducta de los gobiernos en el terreno de las obligaciones exigibles.

El reconocimiento tampoco está exento de controversia. La comisión de Naciones Unidas que presidió concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza, una conclusión que el Gobierno israelí rechazó. Es necesario distinguir ese informe de una sentencia judicial definitiva: una comisión investigadora y un tribunal tienen funciones y procedimientos diferentes. La reacción israelí al Nobel confirma, en cualquier caso, que la discusión sobre la justicia internacional está atravesada por profundas disputas políticas.

Defender el legado de la posguerra exige también reconocer sus contradicciones. El propio Comité Nobel admitió que el sistema nunca ha sido perfecto y que las grandes potencias han eludido responsabilidades. Esa desigualdad constituye uno de sus principales déficits de legitimidad. Una justicia que aspire a ser universal debe aplicar criterios consistentes, independientemente de la identidad del perpetrador o de la víctima.

Por eso el significado de este Nobel trasciende la biografía de su protagonista. Puede interpretarse como una advertencia frente a la normalización de la fuerza y una reivindicación de las instituciones que intentan limitarla. La experiencia del siglo XX mostró el costo de permitir que la capacidad de destruir se convirtiera en la medida última de la autoridad.

Navi Pillay representa la perseverancia de quienes buscan que ese aprendizaje tenga consecuencias. Su reconocimiento llega cuando resulta urgente defender una conquista todavía incompleta: que la dignidad humana genere obligaciones incluso en la guerra y que ningún poder pueda atribuirse el derecho de violarlas sin responder.

La civilización se sostiene también en esa capacidad de poner límites. Cada vez que la fuerza consigue sustraerse a la ley, esos límites retroceden.