Filiberto Cruz MonroyEn las últimas semanas, Morena y sus aliados han avanzado a gran velocidad con las reformas del Plan C impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En total, 12 reformas constitucionales han sido procesadas, pero una de ellas, que garantiza que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación anual, ha sido congelada a pesar de haber estado a punto de entrar en vigor.
La reforma, que afecta diversas fracciones del artículo 123 de la Constitución, fue aprobada en la Cámara de Diputados el 24 de septiembre, en el Senado de la República el 9 de octubre, y para el 14 de octubre ya contaba con el aval de 17 legislaturas estatales. Hasta la fecha, 31 Congresos estatales han respaldado la reforma. Sin embargo, la Cámara de Diputados aún no ha realizado el cómputo de las legislaturas ni la declaratoria de reforma constitucional, el último trámite necesario antes de que la reforma sea promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esta reforma, parte integral del Plan C de López Obrador, ha sido descrita como un avance histórico en términos de justicia laboral. Su principal objetivo es asegurar que el aumento anual al salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación, lo que garantizaría la protección del poder adquisitivo de los trabajadores. Además, también establece que ciertos sectores, como maestros, médicos, policías y miembros de la Guardia Nacional, no recibirán un salario inferior al promedio de los trabajadores afiliados al IMSS.
En su exposición de motivos, López Obrador subrayó que esta reforma buscaba evitar una nueva pérdida de poder adquisitivo como la que sufrió el país durante los gobiernos neoliberales. Recordó que el salario mínimo en México pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 248.93 pesos en 2024, con incrementos de hasta el 20% anual. Sin embargo, aún con estos incrementos, el salario mínimo sigue estando 36% por debajo del máximo histórico alcanzado en 1976.
En cuanto a los incrementos destinados a sectores clave como educación, salud y seguridad, la reforma busca asegurar que los trabajadores en estos sectores reciban un salario justo y digno. Según los datos presentados en la iniciativa, los salarios actuales de los maestros, policías, enfermeras y médicos son considerablemente más bajos que los de otros trabajadores, lo que ha generado la necesidad de una reforma para corregir estas disparidades.
Sin embargo, debido al recorte presupuestal y otros factores políticos, la reforma fue detenida en el proceso final y no se ha podido declarar oficial. A pesar de este revés, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sugirió que durante el periodo de la Comisión Permanente en San Lázaro, podría llevarse a cabo la declaratoria de validez constitucional, permitiendo que la reforma entre en vigor en los próximos meses.