Jair FigueroaLa dirigencia nacional de Morena lanzó fuertes críticas contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, tras no presentarse a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez. Los morenistas acusan a la mandataria panista de «esconderse detrás del fuero» constitucional para evadir su comparecencia como testigo en un caso que investiga presunta intromisión de agentes extranjeros.
La molestia del partido oficialista surge porque, aunque reconocen que el fuero protege legalmente a Campos Galván, consideran una ofensa política que prefiera el debate mediático desde la Ciudad de México en lugar de aclarar los hechos directamente ante las autoridades federales.
Morena mantiene acusaciones de violación a soberanía nacional
Los dirigentes de Morena sostienen que la gravedad del caso amerita que la gobernadora actúe con ética política, más allá de las obligaciones procesales. Señalan específicamente dos aspectos centrales en sus críticas hacia Maru Campos.
El primer punto se refiere al desafío al pacto federal. Los morenistas acusan que el gobierno de Chihuahua permite actuaciones que vulneran la soberanía nacional, una facultad que la Constitución reserva exclusivamente al Estado mexicano.
El segundo aspecto involucra lo que denominan «cobijo político». Apuntan directamente contra Jorge Romero Herrera y la dirigencia del PAN por «arropar» a la mandataria para construir una narrativa de persecución política y evadir la rendición de cuentas.
PAN defiende actuación de gobernadora chihuahuense
Desde la perspectiva del Partido Acción Nacional y el entorno cercano a Campos Galván, el citatorio representa un ataque mediático dirigido desde el centro del país. Los panistas argumentan que la gobernadora no ha violado ninguna ley federal.
La defensa del bloque opositor sostiene que el uso de recursos legales constituye un derecho legítimo ante lo que califican como una embestida política. Consideran que el objetivo real busca desestabilizar uno de los principales bastiones de la oposición en el norte de México.
El conflicto mantiene vigente la tensión entre el gobierno federal y los estados gobernados por la oposición, mientras Morena preserva su solicitud inicial de juicio político contra la mandataria chihuahuense.
La confrontación política evidencia las diferencias entre ambos partidos sobre los límites del fuero constitucional y la obligación de los gobernadores de colaborar con investigaciones federales, especialmente en casos que involucran temas de seguridad nacional.