Jair FigueroaEl informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas coloca a México como el país con más acciones urgentes activas en el mundo. Según el documento, el país concentra 819 casos entre 2012 y febrero de 2026. Esto representa el 38% del total global.
El reporte también advierte un repunte reciente. Entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 se registraron 40 nuevas solicitudes. Esto equivale a más de un tercio de los casos en ese periodo a nivel mundial.
Además, el organismo internacional alertó sobre fallas graves en los sistemas de respuesta del Estado. Señaló debilidades en la atención institucional y en los mecanismos de búsqueda.
Ante estos señalamientos, el Gobierno mexicano respondió con un rechazo directo. Afirmó que el informe no considera el contexto actual ni las acciones implementadas en los últimos años.
Gobierno acusa sesgo y omisiones en informe de la ONU
Las autoridades mexicanas sostienen que el documento se enfoca principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017. Es decir, durante administraciones anteriores a la actual.
Según el Gobierno, esto provoca una visión desactualizada del problema. También señalaron que el comité ignoró información entregada el pasado 27 de marzo, la cual incluía avances recientes.
“El informe omite considerar los esfuerzos institucionales actuales”, señalaron en un comunicado conjunto. Además, lamentaron que la ONU rechazara analizar datos más recientes antes de emitir su resolución.
El Ejecutivo también cuestionó la imparcialidad del comité. Aseguró que existe un posible conflicto de interés en algunos de sus integrantes. Indicaron que al menos uno habría colaborado con organizaciones que han denunciado al Estado mexicano.
Cifras, contexto y postura oficial
El informe reconoce que no existen indicios de una política federal para cometer desapariciones forzadas. Este punto fue retomado por el Gobierno como evidencia de que la situación actual es distinta a la de años anteriores.
Las autoridades insistieron en que México no tolera ni ordena este tipo de prácticas. Subrayaron que se han impulsado reformas legales e institucionales para atender el problema.
También destacaron la coordinación con colectivos de familiares de personas desaparecidas. Según el Gobierno, este trabajo busca fortalecer los mecanismos de búsqueda y atención.
Impacto del informe en la agenda nacional
El choque con la ONU podría tener implicaciones políticas y diplomáticas. El tema de desapariciones forzadas es uno de los más sensibles en México.
El informe pone presión sobre el Gobierno para mostrar resultados concretos. También reaviva el debate público sobre seguridad, justicia y derechos humanos.
Para las familias de víctimas, las cifras reflejan una crisis persistente. Para el Gobierno, el documento no reconoce avances recientes.
El conflicto entre México y la ONU por el informe ONU desapariciones México evidencia la tensión entre diagnósticos internacionales y la narrativa oficial. Mientras el organismo advierte una crisis con cifras alarmantes, el Gobierno defiende que la realidad actual ha cambiado.
Lo que sigue será clave. La presión internacional y la exigencia de resultados podrían marcar la agenda en materia de derechos humanos en los próximos meses.
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