La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este jueves un decreto que establece un arancel del 35% a mercancías confeccionadas y del 15% a importaciones textiles, exceptuando aquellos productos provenientes de países con los que México tiene tratados de libre comercio. Esta medida busca combatir el contrabando técnico, la evasión fiscal y el dumping que afecta gravemente a la industria textil nacional.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que estas acciones buscan salvaguardar una industria que genera cerca de 400 mil empleos en México. Sin embargo, en los últimos años, el sector ha enfrentado una crisis significativa, perdiendo 79 mil plazas laborales y registrando una disminución promedio del 4.8% anual en el PIB del sector desde 2019, lo que equivale a pérdidas de 1,229 millones de pesos por año.
Ebrard explicó que las medidas incluyen el aumento de aranceles para evitar que los productores nacionales sigan compitiendo en condiciones desiguales frente a mercancías que ingresan al país a precios artificialmente bajos.
“Sin estas medidas, la industria nacional estaría en desventaja frente a precios con dumping o excesivamente bajos. Este sector es esencial para el empleo y la economía del país”, afirmó el secretario.
Uno de los problemas más críticos es que casi el 48% de las mercancías importadas mediante el programa IMMEX no cumplen con los requisitos de exportación o retorno, quedándose en el mercado interno y afectando a los productores mexicanos.
Los principales estados productores de textiles en México, como Estado de México, Puebla, Hidalgo, Coahuila, Guanajuato y Jalisco, se verán directamente beneficiados con estas políticas. El objetivo es impulsar la competitividad y aumentar los empleos en estos polos productivos clave.
La implementación de estos aranceles, junto con medidas estrictas contra la piratería y el contrabando técnico, busca revitalizar la industria textil mexicana, fortalecer el empleo y garantizar una mayor competitividad en el mercado global.
