Jair FigueroaEn la historia reciente de la relación entre México y Estados Unidos hay una constante incómoda: la amenaza permanente de que Washington decida, en algún momento, que sus problemas también pueden resolverse con nuestras fronteras como escenario.
Hoy esa amenaza vuelve a tomar forma, ya no como rumor diplomático, sino como declaración pública del presidente estadounidense Donald Trump, quien insiste en que los cárteles “controlan México” y que su gobierno estaría dispuesto a lanzar operaciones militares en nuestro territorio.
Las recientes conversaciones entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller Juan Ramón de la Fuente se dan bajo esa sombra. Formalmente, el diálogo se centra en la cooperación para frenar el tráfico de fentanilo y armas. En los comunicados oficiales se habla de “acciones concretas” contra el narcotráfico, de “narcoterrorismo” y de resultados tangibles. México, por su parte, ha reiterado que toda colaboración debe hacerse sin subordinación y con respeto irrestricto a la soberanía. Sin embargo, el lenguaje que emerge desde Washington ya no es el de la cooperación, sino el de la presión.
Cuando el gobierno estadounidense clasifica a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, no solo eleva el tono retórico: abre la puerta jurídica y política para tratarlos como enemigos de guerra. Y en la lógica de la seguridad nacional de Estados Unidos, si el enemigo está en otro país, la tentación de cruzar la frontera se vuelve parte del menú. Trump lo ha dicho sin rodeos: “Claro. Lo haría”. No es una frase menor; es una señal de que la opción militar ya no es impensable.
Que 72 congresistas demócratas hayan tenido que enviar una carta al propio Rubio para frenar esa posibilidad habla de la gravedad del momento. Ellos mismos advierten que una incursión sin consentimiento de México sería “desastrosa”, violaría la soberanía y pondría en riesgo una relación económica y de seguridad que sostiene millones de empleos y miles de millones de dólares en inversión. Pero incluso esa oposición interna en Estados Unidos no elimina el riesgo: solo confirma que existe.
México no es un Estado fallido ni un territorio sin gobierno. Los datos que los propios legisladores estadounidenses reconocen lo prueban: extradiciones masivas, decomisos históricos de fentanilo, reducción de homicidios y fortalecimiento de la inteligencia. Aun así, desde la Casa Blanca se insiste en una narrativa de caos absoluto que sirve como justificación para políticas de fuerza. Es una simplificación peligrosa, porque convierte un problema compartido —el consumo masivo de drogas en Estados Unidos y el crimen organizado transnacional— en una excusa para la intervención.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por una vía de cabeza fría: más diálogo, más información, más coordinación. Ha reforzado la interlocución, ha defendido los acuerdos marítimos y de seguridad ya existentes y ha evitado caer en la provocación pública. Pero gobernar no es solo administrar la diplomacia; también es preparar al país para escenarios adversos. Y hoy el escenario de una acción militar unilateral estadounidense ya no pertenece a la ficción.
México enfrenta una amenaza permanente no porque carezca de voluntad para combatir al crimen, sino porque su vecino más poderoso ha decidido convertir un problema interno en un pretexto externo. La defensa de la soberanía no pasa por romper la cooperación, sino por impedir que esta se transforme en subordinación armada. En esa línea delgada se juega, una vez más, la dignidad y la estabilidad del país.