Filiberto Cruz MonroyEl gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, envió al Congreso local y federal una iniciativa para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años y restringirlo hasta los 17 con autorización parental, además de vetar celulares en escuelas estatales. La propuesta busca proteger a la infancia de riesgos como ciberacoso, depresión y reclutamiento por el crimen organizado, aunque organizaciones civiles critican la falta de consulta a niños y adolescentes.
Kuri fundamentó su iniciativa en datos alarmantes: el 70% de los menores en Querétaro tiene redes sociales, el 45% usa perfiles falsos y algunos dedican 6 horas diarias a estas plataformas. «La epidemia de ansiedad y aislamiento no es solo local; es nacional», declaró en un video, vinculando el uso digital a problemas de salud mental y delitos graves. La iniciativa también propone sanciones más duras por crímenes digitales y prioriza una educación libre de distracciones tecnológicas.
Juan Martín Pérez García, de Tejiendo Redes Infancia en América Latina, cuestionó la medida por ignorar la opinión de los menores y omitir contextos sociales como la violencia armada y la falta de espacios públicos seguros. «Refuerza un enfoque de control, no de derechos. Las decisiones deben incluir a los 97 millones de mexicanos que usan internet», señaló, aludiendo a estadísticas de 2023.
Pérez García destacó que las plataformas ya tienen límites de edad y controles parentales, y advirtió que políticas similares en otros países suelen usarse con fines electorales. «La cultura adultocéntrica no prioriza los derechos de la infancia. Urge un diálogo que integre educación digital y responsabilidad estatal», afirmó.
Mientras el senador panista Agustín Dorantes respaldó la propuesta, calificándola de «prioridad», expertos piden equilibrar la seguridad con el derecho al acceso digital. Kuri defendió su postura: «Lucharé hasta el último día para que niñas y niños vivan tranquilos», aunque sin mencionar mecanismos de participación juvenil en el diseño de políticas.
El debate refleja tensiones globales: cómo proteger a los menores sin caer en prohibicionismo, especialmente en un México donde el 81.2% de la población mayor de seis años es usuaria de internet. Mientras Querétaro impulsa restricciones, la discusión sobre gobernanza digital inclusiva sigue pendiente.