Israel GómezLa Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) ha anunciado su intención de presentar una demanda de amparo colectiva en respuesta a la eliminación de los fideicomisos de dicho poder. Esta acción se llevará a cabo una vez que la reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y entren en vigor las nuevas regulaciones de los órganos jurisdiccionales federales. La demanda tiene como objetivo impugnar la aprobación del Decreto de reforma y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación emitida por el Poder Legislativo.
La reforma en cuestión ordenó la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, lo que representa una reducción de 115 mil millones de pesos en los recursos utilizados para pagar ciertas prestaciones de los trabajadores, con excepción de los ministros. La minuta aprobada en el Senado estableció que los recursos de los fideicomisos extinguidos del Poder Judicial deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, a pesar de la disposición expresa de la Ley Hacendaria que indicaba que estos fondos debían regresar a la tesorería del propio Poder Judicial.
En respuesta a esta reforma, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación ha anunciado la extensión del paro nacional que mantienen desde el 19 de octubre hasta el próximo 29 de octubre. Es importante destacar que esta medida no resultará en una paralización total de las actividades de los trabajadores, ya que aquellos que deseen ingresar a las instalaciones y trabajar podrán hacerlo sin obstáculos por parte de sus compañeros en paro. La vía legal para impugnar la eliminación de los fideicomisos aún no está clara, y se debate si las impugnaciones podrán seguir una ruta similar a la de los amparos contra la Ley de Salarios y Remuneraciones, que no lograron revertir la emisión de dicha legislación. La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de acciones de inconstitucionalidad contra la reforma ha generado controversia, ya que el Ejecutivo federal ha expresado su desacuerdo con que los ministros actúen como jueces y partes en este asunto. Sin embargo, el sistema legal mexicano no establece restricciones para que los legisladores de oposición intenten llevar el caso a la Corte Suprema.