Jair FigueroaEl Gobierno de México presentó la Ley de Ingresos de la Federación 2026, una propuesta fiscal que busca fortalecer la transformación económica y social del país. El documento, que proyecta ingresos fiscales por 5.8 billones de pesos, fue diseñado con base en escenarios macroeconómicos realistas y tiene como meta financiar la infraestructura nacional, programas sociales emblemáticos y la expansión de la soberanía económica.
Un presupuesto basado en estabilidad y justicia fiscal
De acuerdo con la propuesta enviada al Congreso, la Ley de Ingresos 2026 busca consolidar la base tributaria del país sin aumentar impuestos generales. En cambio, plantea cerrar lagunas fiscales y fortalecer la recaudación mediante mecanismos de supervisión y auditoría.
El impuesto sobre la renta (ISR) se estima en 3.07 billones de pesos, mientras que los ingresos derivados de impuestos a la producción, consumo y transacciones alcanzarán 2.37 billones de pesos. Dentro de este rubro, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aportará 762 mil millones, con un crecimiento interanual estimado del 10%.
Estos ingresos, afirmó Hacienda, permitirán financiar bienes públicos de alto impacto y garantizar el desarrollo regional equilibrado.
Financiamiento para proyectos estratégicos
Los recursos generados a través de la Ley de Ingresos 2026 servirán para consolidar proyectos considerados esenciales dentro del Programa Nacional de Infraestructura y el Plan México, dos de los ejes centrales de la Cuarta Transformación.
Entre las prioridades destacan:
- Nuevas líneas de trenes de pasajeros, que conectarán regiones productivas y turísticas.
- Inversión en infraestructura rural, orientada al fortalecimiento del campo mexicano.
- Impulso a la economía digital, mediante incentivos para plataformas tecnológicas nacionales.
Estos proyectos, señaló el Ejecutivo, buscan no solo dinamizar la economía, sino también integrar socialmente a las regiones históricamente marginadas del desarrollo nacional.
Programas sociales con visión de futuro
Uno de los pilares de la Ley de Ingresos 2026 es la inversión en programas sociales de nueva generación, enfocados en dignificar la vida de las personas mayores y reducir la desigualdad estructural.
Entre ellos se incluye el programa de apoyo para mujeres mayores de 60 años, así como la ampliación de la agenda de pensiones. Ambos esquemas tienen como objetivo garantizar seguridad económica y justicia social a los sectores históricamente más vulnerables.
Con ello, el gobierno reafirma su compromiso con el principio de la Cuarta Transformación:
“Por el bien de todos, primero los pobres.”
IEPS: un instrumento de salud y productividad
El aumento proyectado en el IEPS —que grava productos como bebidas azucaradas, tabaco, juegos de azar y servicios digitales— busca equilibrar la salud pública y la productividad económica.
Este modelo fiscal tiene un doble propósito: desincentivar el consumo nocivo y redirigir los recursos hacia políticas sociales y de salud pública.
La Secretaría de Hacienda aseguró que el rediseño del IEPS permitirá una recaudación más eficiente y responsable, alineada con estándares internacionales de sostenibilidad.
Soberanía económica y fortalecimiento institucional
El marco presupuestario de la Ley de Ingresos 2026 también refuerza la soberanía económica nacional, al privilegiar la producción interna y reducir la dependencia de financiamientos externos.
Además, contempla mayor fiscalización sobre plataformas digitales, la reducción de evasión fiscal y la mejora en la eficiencia del gasto público.
Este enfoque, explicaron especialistas, permite que el Estado mexicano consolide su capacidad para invertir en el futuro, sin comprometer la estabilidad financiera del país.
Un paso firme en la Cuarta Transformación
La Ley de Ingresos 2026 representa, según el Gobierno federal, la consolidación del proyecto de nación de la Cuarta Transformación.
Más allá de su estructura fiscal, el documento refleja una visión de justicia distributiva que prioriza a los sectores más desprotegidos y fortalece la inversión pública como motor de desarrollo.
De acuerdo con analistas económicos, esta ley “es la más ambiciosa en décadas”, y su éxito dependerá de la correcta ejecución de los recursos en los próximos años.
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