Jair FigueroaLa ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, acusó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de actuar con arbitrariedad al negarle el registro de su seudónimo “Ministra del Pueblo”, decisión tomada en la Ciudad de México y que, según afirma, carece de fundamento legal.
El rechazo del IMPI
El IMPI resolvió que la denominación “Ministra del Pueblo” no puede registrarse porque podría confundirse con un cargo público. Según el organismo, el término afectaría de manera indebida a los otros ministros y ministras de la Suprema Corte que también provienen, en términos jurídicos, de una decisión del pueblo.
En su resolución, el Instituto argumentó que una marca se concede para distinguir productos o servicios y no para identificarse con un cargo público que, además, tiene un plazo limitado de 12 años, mientras que el registro de marca puede renovarse de forma indefinida.
La respuesta de Lenia Batres
Frente a esta determinación, Batres calificó la decisión como “política, arbitraria y ajena a las facultades del IMPI”. Aseguró que seguirá identificándose como “Ministra del Pueblo”, ya que se trata de un seudónimo que utiliza en su actividad pública, social y profesional.
La ministra subrayó que presentó su solicitud de manera legal, cumpliendo con todos los requisitos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Recordó que no existía ningún registro previo con denominación similar, lo que hacía procedente su solicitud.
Argumentos de la ministra
Batres señaló que el IMPI mezcló conceptos distintos al evaluar su petición, utilizando criterios aplicados a productos y servicios comerciales para justificar la negativa. Como ejemplo, citó casos donde el Instituto sí autorizó registros como “Máynez Presidente México”, “Yunes mi Senador”, “Diputado en línea” e incluso la palabra “Presidente” vinculada a una bebida.
En todos esos casos, dijo, el IMPI no consideró que las denominaciones pudieran confundirse con cargos públicos ni afectaran a terceros. Por ello, acusó un criterio diferenciado y restrictivo en su caso.
Posible juicio contra el IMPI
La ministra no descartó presentar un juicio contencioso administrativo para anular la resolución. Explicó que, de acuerdo con la ley, el registro debió otorgarse al no haber impedimentos de orden público ni contravenciones legales.
“Es claro que el Instituto actuó más por razones políticas que por fundamentos jurídicos”, sostuvo Batres en un comunicado.
Contexto político y jurídico
La solicitud de Lenia Batres ocurre en un momento de debate nacional sobre la legitimidad de los cargos judiciales y la relación entre jueces, magistrados y la ciudadanía. Su autodenominación como “Ministra del Pueblo” ha sido una bandera política que busca diferenciarse del resto de los integrantes de la Suprema Corte.
Sin embargo, esta identificación también ha generado críticas, al señalarse que podría dar una imagen de parcialidad en su función como integrante del máximo tribunal.
Lo que sigue
Mientras define si emprenderá acciones legales, Batres confirmó que seguirá utilizando el seudónimo en su actividad pública. El caso podría sentar un precedente en materia de propiedad industrial y uso de denominaciones políticas en México.
El debate ahora se centra en si el IMPI actuó con criterios legales o si, como sostiene la ministra, se trató de una decisión arbitraria con trasfondo político.
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