Francisco IbañezLa semana pasada, en un acto que marcó el tono de lo que será su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo públicas varias propuestas de reforma constitucional que han encendido el debate político y ciudadano en el país. Entre las más discutidas se encuentran dos que tocan fibras sensibles del sistema democrático mexicano: la elección por voto popular de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y la posible eliminación o reducción significativa de los diputados plurinominales en el Congreso.
Ambas iniciativas fueron presentadas bajo la bandera de “hacer más democrático al Estado mexicano” y “acercar las instituciones al pueblo”, pero vistas en detalle, plantean serias inquietudes sobre la ruta que podría tomar la democracia nacional si se debilitan los contrapesos constitucionales en favor de un modelo de poder centralizado.
Proponer que los consejeros del INE sean electos por voto popular suena, a primera vista, como una forma de empoderar a la ciudadanía. Pero en la práctica, podría representar la politización de un órgano que debe ser técnico, imparcial y autónomo. Si los candidatos a consejeros tienen que hacer campaña, conseguir financiamiento y buscar respaldo popular, ¿cómo se garantiza que no terminen comprometidos con intereses partidistas?
El INE ha sido piedra angular de la transición democrática mexicana. Convertirlo en un botín electoral (bajo la lógica de la mayoría) podría restarle la legitimidad y la neutralidad que le ha costado décadas construir.
Otra propuesta presidencial que ha generado preocupación es la sugerencia de desaparecer o reducir a los diputados plurinominales. Se ha argumentado que estos representantes “no los elige el pueblo directamente” y que representan un gasto innecesario. Sin embargo, los plurinominales existen como un mecanismo de representación proporcional, creado justamente para evitar que un solo partido concentre todo el poder en el Congreso.
Suprimirlos implicaría debilitar la diversidad de voces en el Poder Legislativo, afectando de manera directa a las minorías políticas y a la posibilidad de que haya oposición real. Esta figura fue fundamental para la apertura democrática del México moderno. Su eliminación sería, en términos prácticos, un retroceso autoritario.
Las reformas propuestas por la presidenta Sheinbaum parecen orientarse hacia una arquitectura institucional más vertical, con menor resistencia al poder presidencial. En un sistema presidencialista como el mexicano, los contrapesos no son lujos: son necesarios para evitar la concentración del poder y preservar las libertades.
Apelar a que “el pueblo decidió en las urnas” no debe servir como excusa para desmantelar estructuras que garantizan el equilibrio. La democracia no solo se ejerce votando; también se defiende manteniendo vivos sus órganos independientes, sus reglas del juego, y su pluralidad representativa.
Claudia Sheinbaum tiene ante sí una oportunidad única de consolidar su liderazgo con visión de Estado. Pero esa consolidación no puede darse a costa de las instituciones que precisamente han permitido que hoy exista una alternancia pacífica en el poder.
Gobernar con mayoría no significa ignorar la disidencia. Reformar no es arrasar. Si las propuestas que conocimos la semana pasada avanzan sin reflexión, sin diálogo y sin considerar sus consecuencias a largo plazo, podríamos estar presenciando el inicio de una regresión autoritaria, disfrazada de eficiencia democrática.