La justicia en Campeche: martillo político oficial del poder

La historia política de Campeche confirma, una vez más, que en México la justicia no siempre se imparte: a veces se administra, se dosifica y, cuando conviene, se utiliza como instrumento de demolición selectiva. El caso del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, Alberto Abud Flores, es una clase magistral —no de derecho, sino de conveniencia.

Abud no es un improvisado. Ya había ocupado la rectoría y en 1999 aprendió, a golpes políticos, que la autonomía universitaria es un concepto elástico cuando estorba al poder. Entonces se enfrentó al gobernador priista José Antonio González Curi y, con la entusiasta participación de jóvenes porros encabezados por un tal Alejandro “Alito” Moreno, fue obligado a salir. Viejas prácticas, viejos métodos, mismos resultados.

Dos décadas después, en 2022, el péndulo giró. Con la llegada de Layda Sansores al gobierno estatal, Abud regresó al cargo. Parecía una reconciliación histórica. Pero la luna de miel duró lo que tarda una campaña electoral en tocar la puerta de una universidad. El rector se negó a convertir las aulas en foros partidistas durante el proceso de 2024. No permitió actos políticos, ni pasarelas de candidatos. Un gesto que, en teoría, debería aplaudirse. En la práctica, resultó imperdonable.

El distanciamiento se hizo público en el ya célebre “Martes del Jaguar”, donde la gobernadora, con tono de advertencia más que de diagnóstico, sembró la sospecha: que Abud no era tan neutral, que tenía otros compromisos, que había dejado entrar al asesor de “Alito”, que algo olía mal en la Universidad. Y remató, como suele hacerlo el poder cuando se siente cuestionado: “Veremos qué podemos hacer”.

El 12 de enero de 2026, una llamada anónima, milagrosa y perfectamente oportuna, alertó sobre hombres armados en una camioneta. La policía llegó, no encontró armas, pero sí droga. Detuvieron al rector. El Consejo Universitario, con una eficiencia digna de mejores causas, nombró de inmediato a una nueva rectora. Layda Sansores se dijo “contenta”. La justicia, al parecer, también.

Curiosamente, los videos de la detención no aparecen. Ni para la defensa, ni para el Ministerio Público. Un detalle menor en un país donde la transparencia suele extraviarse en el trayecto entre la patrulla y la fiscalía. La presión mediática obligó a un desenlace menos espectacular: Abud fue vinculado a proceso, pero seguirá en libertad. Lo suficiente para mantener el expediente abierto y la espada sobre su cabeza.

Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que intervenir con una frase que, en Campeche, suena casi subversiva: “No se puede usar la justicia como una vendetta política”.

No es la primera vez que ocurre. El periodista Jorge González Valdez lo sabe bien, acusado desde la Fiscalía estatal por incomodar al poder. La coincidencia es demasiado perfecta para ser casual.

Así, en Campeche, la justicia parece funcionar como martillo: no para clavar la ley, sino para aplastar adversarios. Y mientras el discurso oficial habla de legalidad, la realidad insiste en recordarnos que, cuando la política se siente amenazada, el código penal suele convertirse en el mejor aliado del gobernador en turno.

Porque en este estado, más que impartirse, la justicia se administra… según la necesidad del momento.

@filibertocruz