Héctor O. CarriedoEl reciente tres de septiembre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, definieron en Palacio Nacional el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley. Este Programa representa un esfuerzo bilateral para abordar desafíos compartidos como el narcotráfico, la migración irregular y el crimen organizado, con un enfoque de coordinación operativa y respeto a la soberanía.
El programa se basa en cuatro ejes: reciprocidad, respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y confianza mutua. Su objetivo es combatir el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada – sin subordinación– entre las instituciones de seguridad de ambos países.
Incluye acciones para fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar túneles clandestinos, combatir el tráfico de drogas –especialmente fentanilo– y armas, abordar flujos financieros ilícitos, prevenir el robo de combustible e incrementar inspecciones e investigaciones conjuntas.
A la vez, se determinó un grupo de implementación de alto nivel para dar seguimiento periódico a los compromisos, respetando los marcos legales de cada nación. Adicionalmente, se trataron temas de migración y comercio, con énfasis en la colaboración sin intervención de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano.
Durante la conferencia de prensa el mismo tres de septiembre, el secretario Marco Rubio, destacó la cooperación histórica entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, afirmando que «no hay gobierno que esté cooperando más» con EE.UU. que el de México, liderado por Claudia Sheinbaum. Elogió los esfuerzos conjuntos para combatir el crimen organizado, incluyendo la detención de más de 50 personas consideradas objetivos de alto valor por EE.UU. Rubio subrayó que esta cooperación respeta la soberanía de ambos países y anunció la creación de un grupo bilateral de alto nivel para sistematizar y ampliar las operaciones conjuntas contra el narcotráfico. También reconoció la preocupación mexicana por el flujo de armas desde EE.UU. y dijo que este será un tema del nuevo grupo de coordinación.
Así, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con elegancia, serenidad y magistral sencillez acalló y desmontó el relato falaz y mendaz de actores políticos y mediáticos de la oposición que apuestan por una relación binacional tensa y por el injerencismo e intervencionismo de los EE.UU. en las acciones de seguridad fronteriza dentro del territorio mexicano.
Tal es el caso de Lilly Téllez, senadora plurinominal por el PAN, quien ha emitido varias declaraciones públicas en las cuales pide explícitamente intervención de los Estados Unidos para combatir el crimen organizado en México, señalando que el país se ha convertido en un «narcoestado» donde los cárteles controlan territorios, campañas políticas y actores gubernamentales.
En noviembre de 2024, Téllez escaló sus exabruptos desquiciados al declarar públicamente que se necesitaba ayuda de Estados Unidos para «sacar a estos narcoizquierdistas del poder», refiriéndose al gobierno de México, acusándolo en forma temeraria y sin pruebas de estar financiado por los cárteles e invocando una intervención no solo contra el crimen, sino contra el gobierno actual.
Después –en una entrevista con Fox News en el reciente agosto– la senadora Téllez, totalmente desorbitada, afirmó que los mexicanos “aceptarían la ayuda de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles de la droga”, y que esta intervención “sería bienvenida” para combatir el narcotráfico, asegurando que el gobierno actual protege y encubre a estos grupos criminales.
Posteriormente, Lilly Téllez quizo atenuar las consecuencias de sus excesos verbales y, a manera de “aclaración”, dijo que no pedía una «intervención» militar directa, sino «ayuda» de Estados Unidos contra los cárteles, negando que se tratara de una guerra o sometimiento.
Téllez ha cruzado una línea riesgosa al invocar «ayuda» estadounidense en un medio como Fox News, conocido por su agenda ultraderechista y antiinmigrante. Aunque niega pedir una invasión, su comparación de los cárteles mexicanos con organizaciones terroristas evoca acciones militares directas y agresivas, soslayando de manera intencionada los peligros para la soberanía y la escalada de violencia que se desdoblaría. Esto no solo es políticamente ingenuo —dado el historial de las intervenciones estadounidenses— sino también una conducta de flagrante traición a México, al solicitar la acción directa de EE.UU.
Actores políticos y mediáticos de oposición al gobierno de la 4T, la defienden y connotan como «valiente». En los hechos, las palabras de este personaje –ligado a intereses inconfesables– son oportunistas, al amplificar estereotipos negativos sobre México para ganar puntos con audiencias de ultraderecha en EE.UU., sin abordar las causas estructurales del problema, como la demanda de drogas en el país vecino del norte o las redes de corrupción y lavado de dinero en el propio territorio de los Estados Unidos.
Por su parte, el tambien senador plurinominal y presidente del PRI, Alejandro «Alito» Moreno, desde noviembre de 2024, pidió abiertamente la intervención de Estados Unidos y Canadá para evitar que México se convierta en una «dictadura», aduciendo que esta medida era necesaria ante la violencia y la corrupción vinculada al crimen organizado, y que él sufría una persecución política, la cual estaba relacionada con sus denuncias contra los cárteles.
Estas acciones, dislates y exabruptos de “Alito” Moreno son vistas como un intento de enturbiar el clima político y diplomático, para propiciar una intervención directa de los Estados Unidos en México, y provocaron confrontaciones, llegando a la agresión física al senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.
Reaccionando a la discusión pública sobre su posible desafuero, basado en acusaciones de corrupción en su contra, “Alito” Moreno apareció en Washington en su búsqueda de apoyo de autoridades estadounidenses, y nuevamente arremetió contra el gobierno de México, apoyando públicamente los disparates de Lilly Téllez y realizando sus propias peticiones de intervención de los EE.UU., enfocadas en la “crisis de seguridad” y el crimen organizado, remarcando que se trata de un «régimen autoritario» y «narcoizquierdista».
Las actuaciones de Moreno y Téllez revelan una estrategia opositora común: apelar a narrativas de «narcoestado» con el propósito avieso de dañar y deslegitimar al gobierno a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, buscando exacerbar la supuesta “polarización política” en el contexto de la implementación de la reforma judicial, y la proxima discusión de una gran reforma político-electoral que intenta redimensionar o eliminar la designación –por cuota– de legisladores plurinominales.
“Alito” Moreno, con su estilo confrontacional, representa un liderazgo fantoche y violento, que recurre a realizar espectáculos estridentes y grotescos para ganar visibilidad, sin tener credibilidad. Su visita a EE.UU. para denunciar al gobierno es un acto desesperado de sobrevivencia política, que intenta internacionalizar su propio conflicto, sin contar con argumentos convincentes ni pruebas sustanciales.
Lilly y Alito pecan de mala fe, hipocresía e incongruencia y siguen agendas políticas personales siniestras que implican traición y pretendida violación de la soberanía del país. Sus conductas ilustran una oposición fragmentada, desquiciada, descolocada y reactiva, que en lugar de proponer alternativas viables para el país, optan por la gritonería alarmista e injerencista, rayando en la traición a México al invocar la intervención estadounidense en asuntos que le competen a las instituciones nacionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mostrando gran inteligencia, templanza y diplomacia efectiva ha puesto –una vez más– en ridículo a estos personajes de la oposición, logrando acuerdos bilaterales favorables para México, enmedio de un ambiente político y mediático ruidoso y confuso; enfatizando que la colaboración se da sin subordinación, demostrando los avances y resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Pueblo y gobierno de México no permitirán presencia militar extranjera en su territorio. La cooperación bilateral se basa en el respeto mutuo.