Alejandro Álvarez ManillaNo me queda duda: México necesita actualizar su marco legal en materia de telecomunicaciones. Lo digital ha rebasado nuestras normas y las instituciones encargadas de regular el sector han sido, en algunos casos, reducidas o sustituidas. El debate actual no es si debe legislarse, sino cómo y con qué alcances.
La propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión —presentada hace unas semanas— abrió una discusión amplia y necesaria. El artículo 109, que plantea posibles bloqueos a plataformas digitales por razones no claramente definidas, generó inquietudes legítimas en sectores académicos, medios de comunicación y organizaciones civiles.
Ante esas voces, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó que se pospusiera la discusión legislativa para permitir una revisión a fondo. Fue una señal clara de apertura, no solo al debate, sino a ajustar lo que sea necesario. No tengo la menor duda de que la mandataria busca que la legislación garantice derechos y equilibrios, sin caer en tentaciones autoritarias ni en zonas grises.
La decisión fue respaldada por los coordinadores parlamentarios de Morena, el PT, el PVEM y partidos de oposición, quienes coincidieron en que el tema amerita una discusión seria, técnica y plural. En contraste, figuras como Gerardo Fernández Noroña expresaron su deseo de aprobarla cuanto antes, incluso sin cambios, postura que contrasta con el espíritu de construcción colectiva que la presidenta ha planteado.
En medio de estas posturas, destaca la de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, quien ha defendido la necesidad de legislar con equilibrio: modernizar el sector sin comprometer libertades. Monreal subrayó que el Congreso tiene la responsabilidad de garantizar tanto la soberanía digital como los derechos fundamentales, y que cualquier cambio debe hacerse con transparencia y bajo estándares internacionales.
De momento, la iniciativa será revisada en un periodo extraordinario durante el verano. Será ahí donde se pondrá a prueba si el Congreso logra construir una reforma que responda a los desafíos tecnológicos del presente, sin dejar espacio a interpretaciones que pongan en riesgo la libertad de expresión.
No me queda duda de que se quiere avanzar, pero tampoco tengo la menor duda de que, como muchas veces en este país, lo importante no es lo que dice la ley… sino quién y cómo la aplica.
Y como siempre, en esta columna, la duda es lo único que no se censura.