Juez ordena frenar obras del salón de baile de Trump

Magistrado Richard Leon dictamina que el presidente “no es el propietario” del inmueble y requiere aprobación del Congreso

Redacción
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Un juez federal de Estados Unidos ordenó este martes que sean detenidas las obras del salón de baile del presidente Donald Trump en la Casa Blanca. La orden judicial que detiene la construcción del salón de baile de Trump fue emitida por el juez Richard Leon, quien dictaminó que el mandatario no tiene autoridad para llevar a cabo el proyecto sin la aprobación del Congreso. La demanda fue presentada por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica, que buscaba detener la construcción hasta que el mandatario haya obtenido el aval legislativo.

Trump es el “administrador” de la Casa Blanca, pero “¡no es, sin embargo, el propietario!”, dictaminó el juez Richard Leon, para quien es necesaria la aprobación del Congreso. “Ningún estatuto otorga ni de lejos al presidente la autoridad que afirma tener”, agregó el magistrado en su fallo, que representa un revés significativo para uno de los proyectos insignia de la administración Trump en el complejo presidencial.

El proyecto y su componente militar secreto

El domingo pasado, Trump reveló que las Fuerzas Armadas de su país construyen un enorme “complejo” militar debajo de su polémico proyecto de salón de baile, en el Ala Este de la Casa Blanca. “Las Fuerzas Armadas están construyendo un gran complejo debajo del salón de baile; esto ha salido a la luz recientemente debido a una demanda estúpida que se presentó”, declaró a los periodistas a bordo del Air Force One.

Trump explicó que el salón de baile se convertiría en la “cubierta” para el complejo que se está construyendo debajo. “Tenemos cristales totalmente blindados; tenemos techos y cubiertas a prueba de drones”, detalló mientras mostraba los planos arquitectónicos. “Desafortunadamente, vivimos en una época en la que eso es algo bueno”, agregó Trump, en medio de la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán.

La semana pasada, Trump señaló que la construcción del salón de baile incluía un componente de seguridad nacional que “se suponía debía permanecer en secreto”. “Ahora ya no es ningún secreto; los militares lo deseaban más que nadie”, afirmó el mandatario. El pasado enero, la cadena CNN ya había informado que el presidente estaría “reconstruyendo un búnker secreto bajo el Ala Este”.

Reacciones y contexto de la disputa legal

Desde que el presidente comenzó las obras de demolición de toda el Ala Este para realizar el proyecto, historiadores y organizaciones de conservación han denunciado las apresuradas obras en un área con importante valor histórico y simbólico por no haberse abordado con suficiente aviso ni contar con el aval de los legisladores. El Fondo Nacional para la Preservación Histórica, que presentó la demanda, argumentó que las modificaciones afectan la integridad arquitectónica del edificio, que data de 1800 y ha sido residencia de todos los presidentes estadounidenses desde John Adams.

Las reformas de la Casa Blanca se han convertido en una de las obsesiones de Trump, que aprovecha cualquier oportunidad para presumir de los cambios y del legado que va a dejar en el complejo presidencial, incluido el Despacho Oval, que ha cubierto de filigranas y marcos dorados. La construcción del nuevo salón, diseñado para acoger entre 650 y mil invitados para cenas y eventos de Estado, empezó con un costo de unos 200 millones de dólares, pero ha ido subiendo en las revisiones de diseño hasta alrededor de 400 millones de dólares.

El fallo del juez Leon representa un obstáculo significativo para los planes de Trump, que había buscado completar las obras antes de las elecciones de medio término de 2026. La orden judicial suspende la construcción hasta que se resuelva el fondo del litigio o hasta que el presidente obtenga la autorización del Congreso, un proceso que requeriría negociaciones con los líderes legislativos en un contexto de división partidista.

Hasta el cierre de esta edición, la Casa Blanca no había emitido una declaración oficial sobre la orden judicial, aunque se espera que la administración Trump apele la decisión ante un tribunal superior. El Fondo Nacional para la Preservación Histórica, por su parte, celebró el fallo y señaló que “la Casa Blanca pertenece al pueblo estadounidense, no a ningún presidente en particular”.

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