RedacciónOcho mexicanos, siete de ellos del poblado de La Cruz Huanacaxtle, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y otro de la comunidad de Corrales, de Cabo Corrientes, Jalisco, estuvieron entre las víctimas mortales de dos de los ataques a lanchas perpetrados por Estados Unidos el pasado 16 de febrero, aseguraron a La Jornada lugareños de la primera localidad, aunque las autoridades federales no confirmaron esa información hasta el momento.
Familiares afirmaron este sábado que fueron avisados de lo sucedido esta semana por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La dependencia fue consultada al respecto por diversos medios; hasta el cierre de la edición no confirmó o desmintió la información proporcionada por los pobladores de las comunidades de esa zona de Bahía de Banderas, donde la presencia de extranjeros y actividades relacionadas con el crimen organizado han sido señaladas por autoridades estadounidenses.
Los siete fallecidos de La Cruz Huanacaxtle fueron identificados por los lugareños, que se manifestaron ayer, como Edgar Hermelindo, Diego, Pedro Adrián, Luis Carlos, Carlos, Abel y José Francisco; todos «muy jóvenes» y ampliamente conocidos en la comunidad, dijeron los vecinos que participaron en las muestras de duelo. Vecinos del lugar comentaron que los jóvenes lancheros llevaban gasolina «y surtían a ya sabes quiénes». Uno de ellos prometió que este era el «último viaje y de verdad lo fue», lamentaron entre lágrimas.
El pasado 16 de febrero, el Comando Sur de Estados Unidos informó que «la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo tres ataques letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas», pero sin ofrecer las pruebas de sus afirmaciones. En el comunicado oficial precisó que «once narcoterroristas murieron durante estas acciones, cuatro en el primer barco en el Pacífico oriental, cuatro en el segundo barco en el Pacífico oriental y tres en el tercer barco en el Caribe»; no se especificaron las coordenadas ni las nacionalidades de los fallecidos.
Según los deudos consultados, los mexicanos habrían perdido la vida en las dos primeras embarcaciones atacadas en el Pacífico. Los nayaritas narraron que ya se hizo esta semana una misa en la iglesia de este lugar en honor a los fallecidos y luego una ceremonia de despedida a bordo de lanchas en las que viajaban parientes y amigos, con fotografías de ellos, en un acto de duelo colectivo que refleja el impacto de la tragedia en esta pequeña comunidad costera.
En La Cruz Huanacaxtle reside un alto número de estadounidenses, atraídos por la belleza del lugar y el desarrollo turístico de la región. El 19 de febrero pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que había sancionado a una red de defraudadores con departamentos de tiempo compartido liderada por el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera precisamente en la zona de Bahía de Banderas, donde se ubica esta localidad nayarita.
«A partir de 2012, aproximadamente, el CJNG tomó el control de las estafas de tiempo compartido en Puerto Vallarta, Jalisco, México, y sus alrededores, conocidos como Bahía de Banderas. Estas complejas estafas suelen estar dirigidas a estadounidenses mayores, quienes pueden perder los ahorros de toda su vida. El ciclo de estas estafas puede durar años, causando devastación financiera y emocional a las víctimas, a la vez que enriquece a cárteles como el CJNG», señaló el Departamento del Tesoro en el comunicado de sanciones. Uno de los sitios donde, según esa dependencia, operan los estafadores es el municipio de La Cruz de Huanacaxtle.
La identificación de los mexicanos víctimas de los ataques de EU abre un nuevo capítulo en la controversia sobre los operativos militares estadounidenses en aguas internacionales y su impacto en poblaciones civiles de México. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la legalidad de estos ataques y la falta de transparencia en la identificación de los fallecidos, así como la ausencia de investigaciones conjuntas entre ambos países para esclarecer los hechos.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la Fiscalía General de la República han emitido una postura oficial sobre las identidades reveladas por los familiares ni sobre las circunstancias en que ocurrieron las muertes. La falta de información oficial contrasta con el dolor de las comunidades afectadas, que exigen respuestas y justicia para sus seres queridos.
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