RedacciónLa policía de inmigración de Estados Unidos (ICE) planea destinar cerca de 40.000 millones de dólares para adquirir y convertir más de una veintena de edificios existentes en centros de detención de migrantes, según documentos publicados por una gobernadora estadounidense, en el marco de una estrategia que busca ampliar la capacidad de detención durante el segundo mandato del presidente Donald Trump y que ha generado un nuevo conflicto presupuestario entre demócratas y republicanos en el Congreso.
En un documento titulado «Proyecto de reorganización de la detención», con el sello del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el ICE presenta un nuevo «modelo» basado en «la adquisición y renovación de ocho centros de detención de gran tamaño y 16 sitios de procesamiento». Los primeros están previstos para albergar entre 7.000 y 10.000 personas. Los segundos, entre 1.000 y 1.500 personas, precisa el documento. En lo que ICE califica como «centros regionales de procesamiento», los migrantes permanecerían un promedio entre tres y siete días. Mientras que en los megacentros, la permanencia sería de 60 días antes de una expulsión, entre otras medidas.
El texto también menciona «la adquisición de diez instalaciones listas para usar» donde el ICE «ya opera». «El costo total estimado del nuevo modelo de centros de detención» asciende a «38.300 millones de dólares», dice una nota pública hecha por la gobernadora de New Hampshire, Kelly Ayotte. ICE fija como fecha límite el 30 de noviembre de 2026 para que «todos los sitios» estén «operativos». Una de las estructuras identificadas por la agencia de inmigración es un amplio edificio de unos 30.000 metros cuadrados ubicado en Merrimack, New Hampshire, en el que planea instalar «de 400 a 600» camas.
El DHS se encamina el viernes hacia una nueva parálisis presupuestaria debido al fracaso de las negociaciones entre demócratas y republicanos sobre la manera en que actúa ICE, tras dos tiroteos mortales en Mineápolis. Los demócratas se oponen a cualquier nuevo financiamiento para el DHS, mientras no se introduzcan cambios profundos en las operaciones del ICE. Sin embargo, la policía de inmigración podrá seguir operando durante el cierre, gracias a fondos aprobados el año pasado por el Congreso.
Donald Trump ha convertido la lucha contra la inmigración en una de las prioridades de su segundo mandato. Desde su regreso a la Casa Blanca hace poco más de un año, el número de migrantes en centros de detención se ha disparado, al pasar de menos de 40.000 a más de 70.000, con un repunte en enero de 2026. Los integrantes de ICE, además, se han duplicado, de 10.000 a 22.000 en pocos meses luego de un aumento al presupuesto de la agencia.
La gobernadora Kelly Ayotte, republicana, hizo público el documento para advertir sobre el impacto que el proyecto tendría en su estado. En declaraciones a medios locales, Ayotte expresó su preocupación por la posible instalación de un centro de detención en Merrimack y solicitó una reunión con funcionarios del DHS para conocer más detalles. «New Hampshire no debe convertirse en un destino para centros de detención masiva sin antes agotar todas las vías de diálogo y análisis», declaró.
El plan de ICE contempla que los megacentros estén ubicados estratégicamente cerca de las fronteras norte y sur, así como en regiones del interior del país con alta incidencia de detenciones. Aunque el documento no especifica las ubicaciones exactas de los ocho centros de gran tamaño, menciona que se evaluarán factores como la disponibilidad de terrenos, la cercanía a aeropuertos y la existencia de infraestructura carcelaria previa.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) emitió un comunicado en el que calificó el proyecto como «una militarización sin precedentes del sistema migratorio» y advirtió que centros con capacidad para 10 mil personas «generarán condiciones inhumanas y violaciones sistemáticas a derechos humanos». La organización exigió al Congreso que audite el plan y garantice que cualquier expansión cumpla con estándares internacionales de detención.
El debate sobre el presupuesto del DHS se intensificó tras los tiroteos ocurridos en Mineápolis, donde agentes de ICE mataron a dos ciudadanos estadounidenses durante operativos de detención. Los demócratas exigen que cualquier nuevo financiamiento para la agencia esté condicionado a la implementación de protocolos que limiten el uso de fuerza letal y establezcan mecanismos de supervisión ciudadana. Los republicanos, por su parte, acusan a la oposición de obstruir las labores de seguridad nacional.
El representante demócrata Joaquín Castro, de Texas, declaró que «no podemos seguir destinando decenas de miles de millones de dólares a un sistema que mata y encarcela sin rendir cuentas». Castro anunció que presentará una enmienda para bloquear los fondos destinados a los nuevos centros de detención hasta que ICE entregue informes detallados sobre las circunstancias de los tiroteos en Mineápolis.
El incremento en la capacidad de detención responde a la política de «tolerancia cero» impulsada por Trump, que incluye la detención obligatoria de todas las personas que ingresen de manera irregular al país, incluyendo solicitantes de asilo. Organizaciones proinmigrantes han documentado un aumento en el número de familias y menores no acompañados en centros de detención, a pesar de que la normativa establece límites temporales para su estancia.
El gobierno de Trump ha defendido la expansión como una medida necesaria para disuadir la migración irregular y agilizar los procesos de deportación. El secretario de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró esta semana que «quienes violan nuestras leyes deben enfrentar consecuencias inmediatas, y eso requiere infraestructura adecuada». Noem evitó referirse directamente al proyecto de megacentros, pero confirmó que el DHS evalúa «diversas opciones» para aumentar la capacidad de detención.
El costo estimado de 38.300 millones de dólares para el nuevo modelo de detención representa más del doble del presupuesto anual completo del DHS, que para 2026 asciende a 18.700 millones. Analistas presupuestarios señalan que la magnitud de la inversión requeriría una autorización especial del Congreso, que difícilmente sería aprobada sin un acuerdo bipartidista.
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