Filiberto Cruz MonroyNueve asociaciones de jueces y magistrados federales han comenzado a considerar la posibilidad de convocar un paro nacional de labores en respuesta a la reforma al poder judicial que está en discusión. Esta medida se plantea como un último recurso, destinado a presionar por la detención de la reforma si no se logran consensos satisfactorios. Las organizaciones involucradas buscan asegurar que sus preocupaciones sean escuchadas y atendidas antes de tomar una decisión tan drástica.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha anunciado que discutirá la opción de un paro nacional en sus próximas deliberaciones. Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la JUFED, explicó que la decisión de convocar a un paro se debe a la falta de éxito en los foros realizados por la Cámara de Diputados sobre la reforma judicial. Según Fuentes Velázquez, estos foros resultaron ser una simulación en lugar de un diálogo constructivo, lo que llevó a la necesidad de evaluar medidas más contundentes.
Por otro lado, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal A.C., en colaboración con Justicia Independiente, ha realizado una encuesta para evaluar la situación laboral de los trabajadores del Poder Judicial. Esta iniciativa surge tras una reunión con la consejera Magistrada Lilia Mónica López Benítez y tiene como objetivo encontrar soluciones antes de que la reforma, impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre en vigor. La encuesta busca identificar y abordar las preocupaciones de los empleados sobre el impacto de la reforma en sus condiciones laborales.
El pasado 26 de junio, el Poder Judicial de la Federación (PJF) ya había mostrado su descontento con un paro de 24 horas que cerró 17 tribunales laborales. Los trabajadores expresaron su rechazo a la reforma, considerándola una amenaza a sus derechos laborales. Juan Alberto Prado, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación del Poder Judicial (SNRPJ), advirtió que la reforma podría afectar negativamente las plazas sindicalizadas, reducir los salarios y eliminar la Comisión de Conflictos Laborales sin ofrecer una alternativa, lo que dejaría a más de 54,000 trabajadores sin garantías para proteger sus derechos.
El posible paro nacional representa una medida extrema y refleja la seriedad de las preocupaciones planteadas por los trabajadores del Poder Judicial. Las asociaciones y sindicatos involucrados buscan evitar la implementación de una reforma que consideran perjudicial para sus derechos y condiciones laborales. A medida que se acercan a la decisión final, continúan buscando soluciones y esperanzados en una respuesta más favorable de las autoridades.