Orus MediaEn medio de un contexto nacional donde el Estado de México, Nuevo León y Baja California encabezan las cifras de violencia contra las mujeres, Guerrero ha logrado revertir su posición histórica y mantenerse fuera de los primeros lugares en delitos de género, según el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte a marzo de 2025.
La entidad se ubica en el lugar 25 en casos de violación, el 25 en violencia familiar, el 21 en feminicidios, el 19 en lesiones dolosas y el 12 en homicidios dolosos cometidos contra mujeres. Estos datos contrastan con su posición en años anteriores, cuando Guerrero figuraba sistemáticamente entre los estados más peligrosos para las mujeres.
Una estrategia integral con resultados visibles
Estos avances no son fortuitos. De acuerdo con autoridades estatales y expertos, son el resultado de una política pública integral que ha priorizado la atención a las mujeres desde una perspectiva de prevención, justicia y protección efectiva.
Entre las principales acciones implementadas en Guerrero destacan:
- La Ley Camila, que endurece las penas por delitos sexuales, particularmente contra menores de edad.
- El Protocolo Violeta, un mecanismo de reacción inmediata que activa la intervención de fuerzas de seguridad, atención psicológica y legal a mujeres en situación de riesgo.
- Centros de Justicia para las Mujeres, donde se canaliza a las víctimas y se les garantiza acompañamiento institucional.
- Capacitación policial con enfoque de género, lo que ha permitido profesionalizar la primera atención y evitar la revictimización.
Avances institucionales y coordinación intergubernamental
Además de las reformas legales y los protocolos especializados, el estado ha fortalecido la coordinación entre fiscalías, secretarías, policías municipales y organismos de derechos humanos. Esta sinergia ha permitido que las denuncias tengan seguimiento y que las víctimas cuenten con medidas de protección más eficaces.
Uno de los pilares clave ha sido la participación activa de organizaciones de la sociedad civil y colectivos feministas, que han presionado por políticas más efectivas y por mayor transparencia en el uso de recursos para combatir la violencia de género.
“Lo importante es que las instituciones estén respondiendo de manera articulada. Guerrero pasó de ser una de las entidades con más rezago en atención a mujeres a ser una de las que más han avanzado en normatividad y acción inmediata”, explicó Mariana Robles, consultora en derechos humanos y políticas públicas.
Comparativo nacional: Guerrero vs estados con alta incidencia
Mientras Guerrero ha logrado descender en el ranking nacional, otros estados siguen enfrentando altos niveles de violencia de género. De acuerdo con el mismo informe del SESNSP:
- El Estado de México ocupa los primeros lugares en feminicidios y violencia familiar.
- Nuevo León concentra uno de los mayores números de desapariciones de mujeres.
- Baja California se mantiene con tasas elevadas en homicidios dolosos femeninos.
En contraste, Guerrero muestra un patrón a la baja, particularmente en violación y feminicidio, lo que evidencia un giro en el manejo institucional del problema.
Retos pendientes y el camino por recorrer
A pesar de los avances, las autoridades estatales han reconocido que el problema no está resuelto. La violencia contra las mujeres sigue siendo un fenómeno estructural que requiere atención constante y evaluación periódica.
La sociedad civil ha alertado sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención en comunidades rurales, donde persisten prácticas machistas y una baja cultura de denuncia. También se ha pedido reforzar la transparencia en la aplicación de recursos destinados a programas de género.
“Este cambio de posición no significa que Guerrero ya es seguro para las mujeres, pero sí demuestra que es posible corregir el rumbo cuando se actúa con voluntad y enfoque de género”, señaló Alma Rosales, vocera del colectivo Mujeres por la Paz.
Conclusión
Guerrero ofrece hoy una señal esperanzadora en un país donde la violencia contra las mujeres es aún una emergencia nacional. Su caída en los rankings de delitos como feminicidio, violación y violencia familiar debe ser observada como un punto de inflexión, no como un triunfo definitivo. El reto será sostener y profundizar estas acciones para que el avance no sea temporal, sino estructural.
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