Jair FigueroaLa Fiscalía de Michoacán abrió una investigación formal contra Grecia Quiroz, alcaldesa municipal, por su presunta relación con Samuel García Rivero. El exdirector municipal de Relaciones Públicas y Protocolo enfrenta acusaciones directas por estar supuestamente al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El caso cobró fuerza tras la declaración judicial emitida por Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular del asesinado edil Carlos Manzo. Las autoridades estatales confirmaron que integrarán estos datos al expediente para deslindar responsabilidades penales.
Fiscalía de Michoacán rastrea nexos entre Grecia Quiroz y el CJNG
Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de la Fiscalía de Michoacán, confirmó en conferencia de prensa la apertura de este plan de indagatoria. La autoridad reconoció que la hipótesis sobre la cercanía entre la alcaldesa y el exfuncionario no mantenía el peso inicial de otras líneas de investigación.
Sin embargo, los agentes ministeriales mantuvieron los actos correspondientes para evitar cabos sueltos dentro del expediente principal. Con el surgimiento de nuevos testimonios de testigos clave, la institución decidió reactivar las diligencias sobre esta vertiente para corroborar los hechos.
De acuerdo con las declaraciones de Méndez Rodríguez, la relación presuntamente se fortaleció tras el homicidio del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. El testimonio señala que los contactos entre la presidenta municipal y el extitular de Relaciones Públicas aumentaron durante el periodo posterior al ataque contra el exedil.
La exsecretaria acudió a las instalaciones de la representación social para presentar una ampliación formal de su denuncia inicial. La representación legal de la víctima solicitó integrar la declaración completa al expediente técnico del caso.
Nuevas denuncias y plan de investigación en Uruapan
La Fiscalía de Michoacán recibió la ampliación de la denuncia dos días antes del informe público emitido por las autoridades estatales. El personal pericial y los agentes de investigación estructuran el plan metodológico para citar a declarar a los involucrados en las denuncias presentadas.
Las diligencias técnicas permitirán verificar la veracidad de los testimonios presentados ante el Ministerio Público. La autoridad investigadora revisará registros de comunicación, agendas de trabajo y testimonios adicionales de servidores públicos municipales que colaboraron en la misma administración.
«La denuncia se recibió apenas el día de antier, entonces se está haciendo el plan de investigación, tenemos que agotar todas las líneas de investigación», indicó el vicefiscal Vega Rodríguez durante el encuentro con medios de comunicación en la entidad.
La fiscalía estatal subrayó que todas las hipótesis recibirán el mismo rigor técnico y científico dentro del proceso penal. La prioridad de las instituciones de procuración de justicia es esclarecer la red de complicidades dentro de la estructura gubernamental de la zona.
Testimonios clave reactivan el expediente penal
La declaración de Yesenia Méndez Rodríguez aporta elementos inéditos sobre el funcionamiento interno del gobierno municipal antes y después del crimen contra Carlos Manzo. La excolaboradora aportó detalles sobre la presencia constante de Samuel García Rivero en distintas áreas operativas de la presidencia municipal.
El exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo ya contaba con señalamientos previos por presuntas ligas operativas con células del crimen organizado en Michoacán. La fiscalía busca establecer si el exservidor público utilizó su cargo institucional para facilitar actividades ilícitas del CJNG en la región.
Las autoridades judiciales revisarán las actas de cabildo, los nombramientos oficiales y las asignaciones presupuestales de las dependencias involucradas. La investigación determinará si existieron omisiones regulatorias o complicidades administrativas durante la gestión de la alcaldesa.
Los avances del plan de trabajo técnico se darán a conocer conforme el debido proceso lo permita. La fiscalía buscará evitar filtraciones que comprometan la recolección de pruebas o el resguardo de los testigos del caso.
El avance de las investigaciones en Uruapan mantiene en alerta a la estructura política de Michoacán. La resolución de este expediente determinará el futuro legal de los funcionarios involucrados y el impacto directo en la seguridad de la región.
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