Jair FigueroaUruapan volvió a encender las alarmas este lunes luego de nuevas denuncias de qué automovilistas y transportistas han sido víctimas de extorsiones, quién las señala: ciudadanos del municipio; cuándo: durante las últimas semanas; dónde: en carreteras y accesos de Uruapan; y por qué: debido a la presencia de elementos estatales y federales que, de acuerdo con testimonios, realizan detenciones arbitrarias y cobros indebidos. Ante ello, la presidenta municipal, Grecia Quiroz, lanzó un mensaje directo al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pidiéndole no enviar corporaciones que extorsionen en lugar de apoyar.
La solicitud directa de Grecia Quiroz a Harfuch
Durante una entrevista reciente, la alcaldesa marcó un posicionamiento firme frente al actuar de las corporaciones externas desplegadas en Uruapan. Quiroz afirmó haber establecido comunicación directa con García Harfuch, a quien le dirigió un mensaje contundente:
“Le he pedido al secretario Omar que, que si estas corporaciones vienen, lejos de apoyar, a extorsionar, realmente no queremos que estén aquí”.
La frase fue interpretada por habitantes y sectores productivos como una declaración clara ante la creciente inconformidad ciudadana. En las últimas semanas, vecinos, automovilistas y trabajadores del transporte han asegurado que los operativos instalados en accesos carreteros han derivado en intimidación, cobro de dinero para permitir el paso y revisiones fuera de protocolo.
Denuncias que reavivan el malestar ciudadano
Las acusaciones no son nuevas, pero sí se han intensificado. La alcaldía ha recibido reportes que coinciden en prácticas de abuso de autoridad:
- Detenciones sin motivo
- Exigencias de pagos inmediatos
- Retenes con revisiones sin fundamento legal
- Amenazas veladas o directas para evitar denuncias
Este escenario generó que Quiroz elevara nuevamente la voz y advirtiera que Uruapan no tolerará actos de intimidación disfrazados de operativos de protección. La presidenta municipal señaló que respalda la presencia de fuerzas externas siempre que su actuación se ajuste estrictamente a la ley. Sin embargo, enfatizó que ningún agente podrá permanecer en funciones si incurre en conductas de extorsión o violaciones a los derechos ciudadanos.
Continuidad del proyecto de seguridad tras la muerte de Carlos Manzo
Tras el fallecimiento del expresidente municipal Carlos Manzo, el municipio enfrenta nuevamente un clima de desconfianza hacia las corporaciones de seguridad. Quiroz subrayó que el compromiso con la depuración institucional continúa, y que su administración actuará con la misma firmeza dentro de la Policía Municipal.
La alcaldesa reafirmó que cualquier elemento que incurra en abuso de autoridad será retirado de inmediato, sin excepciones. Esta postura busca sostener un mensaje de cero tolerancia contra actos que puedan lastimar la relación con la ciudadanía.
El nuevo acuerdo nacional contra la extorsión
A nivel federal, el tema de la extorsión también tomó relevancia tras la presentación del nuevo acuerdo nacional encabezado por Omar García Harfuch. Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el secretario detalló el nuevo enfoque para combatir este delito considerado uno de los más dañinos para las familias y empresas del país.
El acuerdo contempla:
- Armonización jurídica en todos los estados
- Sanciones que pueden alcanzar hasta 42 años de prisión
- Fortalecimiento del 911 y del 089
- Elaboración de un manual nacional de denuncia, investigación y persecución
- Registro telefónico para evitar el uso de celulares en actos delictivos
García Harfuch informó que la estrategia ha recibido más de 102 mil llamadas al 089 y ha derivado en más de 600 detenciones vinculadas al delito de extorsión.
La presidenta Claudia Sheinbaum puntualizó que la extorsión ahora será perseguida de oficio, lo que evita que la denuncia recaiga en las víctimas y permite una intervención directa de autoridades locales y federales.
Uruapan exige resultados
La preocupación en Uruapan coincide con el llamado nacional a fortalecer la lucha contra la extorsión. Mientras el gobierno federal refuerza su estrategia, la administración de Grecia Quiroz insiste en que ninguna corporación será bienvenida si reproduce prácticas que vulneran a la población.
En un municipio históricamente afectado por la inseguridad, la exigencia ciudadana es clara: seguridad sí, abusos no.