Héctor O. CarriedoEn México, la corrupción estructural y sistémica en las altas esferas del poder hizo raíces profundas y se intensificó, sobre todo, a partir de las primeras dos décadas del siglo veintiuno, durante los gobiernos de la transición estancada y la alternancia fallida de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, lo mismo en el sector público que en el privado.
De ahí que, en el 2018, las mayorías populares se hartaron y votaron por una transformación de la vida pública de México, que asumiera como prioridad la lucha sistemática y permanente en contra la corrupción y la impunidad.
Parafraseando a Irma Eréndira Sandoval (2017), la corrupción estructural constituye una forma de dominación social de los funcionarios investidos con alguna fracción de poder y autoridad, en la cual predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos necesarios para el bienestar social y el desarrollo de los derechos sociales fundamentales.
Durante la etapa neoliberal, la institucionalización de la corrupción estructural se basó en la captura del Estado, los puestos, decisiones y presupuestos; el clientelismo político a través de concesiones, privatizaciones, contratos de adquisiciones y obra pública, y el rentismo económico y financiero al amparo de las denominadas alianzas público- privadas.
En efecto, la corrupción sucede cuando los servidores públicos o actores políticos utilizan su influencia, autoridad y las atribuciones inherentes a sus puestos para conseguir beneficios y privilegios particulares indebidos. La ausencia de controles, se deriva de la desinformación ciudadana que desconoce los mandatos de los funcionarios, lo cual reduce la posibilidad de exigencia y vigilancia social. Esta situación propicia el abuso de poder, actos de corrupción y malas prácticas administrativas.
Los sobornos y extorsiones de bajo nivel, como las tradicionales “mordidas” a los agentes de tránsito o de policía y las “propinas” para agilizar trámites en algunas oficinas públicas, tienen por obvias razones un mucho menor impacto y riesgo para el desarrollo social y económico, que la corrupción estructural y sistémica en las altas jerarquías burocráticas coludidas con delincuentes de cuello blanco, a través del clientelismo político y la captura de las decisiones y presupuestos del Estado.
En el lapso 2000-2025 la percepción de corrupción en nuestro país ha empeorado año tras año, ya que es un mal ramificado, arraigado en las subculturas de distintos ámbitos influyentes de la sociedad, los tres ámbitos gobierno y los poderes públicos, y de manera acentuada en el poder judicial, cuerpos de seguridad pública y gobiernos locales.
En términos realistas y pragmáticos el discurso maximalista en el sentido de erradicar la corrupción y acabar con la impunidad, choca con la realidad, tal como reza una sentencia realista: La corrupción y la impunidad no se erradican ni se acaban, solo se controlan y se reducen.
La corrupción como problema estructural-sistémico, institucional y político exige soluciones igualmente estructurales. De ahí que, a partir del 2018, la gesta en contra de la corrupción se convirtió en la principal demanda social y en prioridad del primer gobierno de la 4T.
Los esfuerzos institucionales en contra de la corrupción estructural e impunidad parten de una voluntad política irreductible, demostrada con el ejemplo, desde la primera magistratura del Estado. Las acciones coordinadas deben ser constantes, programáticas y firmes para avanzar continuamente en la aplicación de las sanciones penales y administrativas, sobre todo a miembros conspicuos de la clase política con procesos pendientes (del pasado y del presente) que han incurrido en actos de corrupción probados y son ampliamente señalados por la opinión pública.
Parafraseando al célebre politólogo Giovanni Sartori: Si quieres eficacia en la lucha en contra de la corrupción debes detener actores políticos que se creen intocables y castigarlos con severidad. Esto no elimina la corrupción, pero da un respiro.
Vale reiterarlo: la gesta en contra de la corrupción debe continuar sin interrupción ya que sigue siendo un problema central de la agenda nacional, y constituye un factor clave para la credibilidad, legitimidad y gobernabilidad democrática, sustentadas en la confianza, la participación y la colaboración del pueblo.
En especial en MORENA, se demanda desactivar y sancionar a servidores públicos fantoches que incurren en excesos inaceptables. Es imperativo hacer valer la ética pública de austeridad republicana, transparencia y rendición de cuentas, eliminar definitivamente los cotos de burocracias doradas, el nepotismo, el amiguismo y el clientelismo político.
Los servidores públicos y actores políticos de MORENA, sin excepción, por imperativo ético antes que legal, están hoy más que nunca obligados a sujetarse al escrutinio público de la evolución de su patrimonio y a la vigilancia social de sus actos y decisiones.
Los mecanismos de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas deben fortalecerse y mejorarse, con el objeto de facilitar la vigilancia ciudadana para prevenir e inhibir la corrupción y evitar el despilfarro y dispendio del dinero público, en el desempeño de cualquier cargo o responsabilidad política y administrativa.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno debe promover la vigilancia ciudadana sobre las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos de mando y los actores de la clase política en su conjunto, las cuales deben publicarse y actualizarse en medios electrónicos asequibles.
Asimismo, deben estar sujetos al escrutinio público y en expedientes abiertos todos los contratos de obra pública y adquisiciones del sector público en su totalidad. Esto implica eliminar márgenes de discrecionalidad para reservar expedientes por motivos injustificables, en contratos y servicios, concesiones y permisos a particulares.
Los mecanismos transparencia deben extender el universo de sujetos obligados de rendición de cuentas, entre otros, a despachos de consultoría y estudios de preinversión, realizadores de encuestas de opinión pública y electorales; medios de comunicación y profesionales del periodismo y todos aquellos medios que reciban recursos públicos o suscriban contratos de publicidad y propaganda con entidades gubernamentales, actores, partidos políticos y otras organizaciones y asociaciones políticas. La ley de publicidad oficial es una asignatura pendiente; es de interés público saber cuánto ganan los periodistas, cuánto pagan los anunciantes y cuáles son las fuentes de financiamiento de los medios de comunicación.
Epílogo
La gesta anticorrupción nunca termina; las acciones deben ser permanentes, consistentes y en mejora continua. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado que los funcionarios y militantes de Morena deben actuar con humildad y adherirse a los principios inspirados en el pensamiento juarista de vivir en la justa medianía.
Para nadie es un secreto que, en los ámbitos político y mediático, actualmente se verifica una intensa lucha ideológico-política para ganar la narrativa, por lo que no se debe descuidar el frente de la gesta consistente y permanente en contra de la corrupción.
La presidenta Sheinbaum está manejando con inteligencia y temple los asuntos de Estado, especialmente la defensa de la soberanía, enfrentando las amenazas de la administración Trump, aun en medio de un ambiente político-legislativo convulsionado por los escándalos de actores y operadores políticos de Morena, quienes con sus comportamientos contradictorios e incongruentes afectan la imagen del gobierno progresista de la 4T.
Por imperativo ético, todos los integrantes y aliados del gobierno de la cuarta transformación están hoy más obligados que nunca, a sujetarse al escrutinio público y la vigilancia social de sus actos, conductas y decisiones. Aquí la frontera entre las virtudes públicas y los vicios privados no existe: se debe ser congruente de tiempo completo y en todo lugar.