Israel GómezEl gobernador de California, Gavin Newsom, emitió este jueves una orden ejecutiva para levantar los campamentos de personas sin techo en todo el estado. Esta decisión llega casi un mes después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitiera castigar a las personas que durmieran en sitios públicos. La orden de Newsom presiona a las ciudades y gobiernos locales para retirar las acampadas “peligrosas” y conectar a sus habitantes con servicios públicos.
Newsom enfatizó la necesidad de actuar de inmediato y señaló que “se acabaron las excusas, es momento de que todos hagan su parte”. La orden ejecutiva dirige a las agencias estatales a adoptar políticas humanas y dignas, notificando a las personas sin techo antes de retirar sus casas de campaña. Aunque el decreto no puede obligar a las ciudades y condados a actuar, permite poner en pausa transferencias de recursos millonarias como medida de presión.
California tiene la mayor población sin techo de Estados Unidos, con unas 181.000 personas en esta situación, según un estudio de la Universidad de California San Francisco. Desde 2021, la Administración de Newsom ha retirado 11.000 campamentos y recogido toneladas de basura en vías estatales. La nueva orden prioriza el desmantelamiento de acampadas que representan un riesgo a la vida, salud y seguridad de las comunidades. Las autoridades guardarán las propiedades recolectadas por 60 días para ver si alguien las reclama.
El gobierno de Newsom ha invertido más de 24.000 millones de dólares en abordar este problema, incluyendo 3.500 millones para convertir moteles abandonados en viviendas de bajo precio. En el año fiscal 2022-2023, este presupuesto ayudó a más de 165.000 personas a abandonar las calles. Sin embargo, muchos aún quedan sin techo debido a los altos precios de la vivienda. Una reciente encuesta reflejaba que el ingreso medio de esta población era de 960 dólares mensuales, mientras que el alquiler promedio de un apartamento de un cuarto en California es de 2.600 dólares.
Los expertos consideran que la construcción de vivienda asequible es una de las respuestas más eficientes al problema. En marzo, los votantes aprobaron la Proposición 1, que obliga a los condados a invertir en viviendas y tratamientos para la población sin techo. La iniciativa autoriza al estado a tomar un préstamo de 6.380 millones de dólares para construir 4.350 unidades de vivienda y añadir 6.800 camas en instituciones de salud mental.
A finales de junio, el Tribunal Supremo determinó que las ciudades pueden multar o detener a quienes acampen en la vía pública. Este fallo fue muy esperado en el oeste de Estados Unidos, donde hay una fuerte presencia de personas sin techo. Los activistas en favor del derecho a la vivienda criticaron la decisión, considerándola un castigo cruel e inusual. Newsom, sin embargo, señaló que el fallo cerraba los vacíos legales que limitaban las acciones de las autoridades locales y llamó a corregir uno de los grandes problemas de California.