Héctor O. CarriedoAlgunos directivos del futbol mexicano presumen competencia, pero las reglas anticompetitivas cuentan otra historia. Desde 2020, el ascenso y el descenso dejaron de ser el premio y el castigo del rendimiento deportivo para convertirse en una puerta prácticamente cerrada. Lo que nació como una medida excepcional durante la pandemia amenaza con consolidarse como un mecanismo de protección para quienes ya están dentro. Y cuando los competidores establecidos pueden decidir quién entra y quién queda fuera de un mercado millonario, la discusión deja de ser futbolística: es una cuestión de competencia económica y de privilegios.
La decisión de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y de la Liga MX de mantener suspendidos el ascenso y el descenso dejó de ser un asunto exclusivamente deportivo. Es también un problema de competencia económica que merece ser examinado a la luz del artículo 28 constitucional y de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).
En 2020, durante la pandemia, se suspendieron temporalmente el ascenso y el descenso con el argumento de proteger a clubes en dificultades financieras. La medida tenía una justificación extraordinaria. Pero lo excepcional terminó convirtiéndose en regla: los clubes de la Liga MX ya no descienden y los de la “expansión” no pueden ascender.
Con el tiempo, una excepción se convirtió en una ventaja exclusiva para las franquicias de la Liga MX.
El artículo 28 de la Constitución prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas, así como los acuerdos o mecanismos que impidan la libre competencia. La LFCE desarrolla y reglamenta ese mandato y permite -a la autoridad antimonopolio- investigar, entre otras conductas, los obstáculos a la competencia y barreras injustificadas a la entrada, así como los mecanismos mediante los cuales quienes ya participan en un mercado pueden excluir a potenciales competidores.
El futbol profesional también es, evidentemente, un mercado económico en el cual persisten prácticas monopólicas y anticompetitivas. Hay derechos de transmisión, patrocinios, publicidad, taquilla, mercancías, marcas, inversiones y un mercado laboral de jugadores. No se trata, por tanto, de un simple campeonato deportivo: alrededor de la competencia existe un negocio de enormes dimensiones.
La pregunta central es inevitable: ¿pueden los clubes que ya están dentro utilizar su posición para impedir que otros lleguen a la máxima categoría? Ahí aparece el principal problema.
Las reglas de certificación y el requisito de contar con un número mínimo de clubes elegibles pueden convertir el ascenso en una posibilidad meramente teórica. Un equipo puede cumplir individualmente con las condiciones exigidas y, aun así, quedar excluido porque otros clubes de su misma categoría no están certificados. Una regulación destinada a garantizar solvencia financiera puede terminar funcionando como una barrera estructural de entrada, tal como la define la ley.
La cuestión jurídica, entonces, no es si deben existir requisitos. Es si son objetivos, transparentes, necesarios y proporcionales, o si terminan protegiendo a quienes ya ocupan el mercado. Si la estabilidad financiera, la infraestructura y la gobernanza pueden evaluarse club por club, resulta legítimo preguntar por qué debe cerrarse de manera general la puerta del ascenso.
Existe además un conflicto de incentivos difícil de soslayar: los clubes que ocupan las plazas de Liga MX participan en la definición de las reglas que determinan quién puede disputarles esas mismas plazas. Cuando los competidores establecidos tienen capacidad para acordar y fijar las condiciones de entrada de sus potenciales rivales, el riesgo de exclusión anticompetitiva ya no es una hipótesis abstracta sino una práctica monopólica.
Hay un antecedente particularmente relevante. En 2021, la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) sancionó a la FMF, a 17 clubes de Liga MX y a personas físicas por prácticas anticompetitivas relacionadas con el mercado laboral de los futbolistas. El caso demostró que la autonomía deportiva no coloca a la FMF ni a los clubes al margen de la ley mexicana en materia de competencia económica.
Tampoco el aval de instancias deportivas internacionales resuelve necesariamente el problema. Que una decisión sea compatible con los estatutos deportivos no significa que quede automáticamente fuera del alcance del derecho económico mexicano.
Los efectos tampoco se limitan a los clubes de la llamada liga “de expansión”. Si ascender deja de ser una posibilidad real, disminuyen los incentivos para invertir en esa categoría, pierde valor económico, se reduce la competencia por jugadores, hay menos oportunidades de desarrollo para los jóvenes futbolistas y también menos producción de jugadores en cantidad y calidad y, finalmente, se concentra todavía más el negocio —audiencias, patrocinios, derechos de transmisión e inversión— en los clubes ya establecidos.
La paradoja es evidente: el último lugar de la primera división conserva su plaza, mientras el campeón de la segunda no puede hacer valer el mérito de conquistar su espacio en la primera división.
Ello revela una estructura deportiva cerrada, anticompetitiva y exclusiva, y no un sistema plenamente competitivo.
No se trata de regalar ascensos ni de permitir la entrada de equipos financieramente inviables. Se trata de que las reglas para competir sean iguales, objetivas, transparentes y realmente alcanzables.
El futbol mexicano no puede utilizar indefinidamente la autonomía deportiva como escudo para preservar la fortaleza económica a unos cuantos clubes. Si quienes ya están dentro pueden cerrar la puerta a quienes aspiran a entrar, la competencia en la cancha deja de ser el mecanismo que determina quién se clasifica en la primera división.
Y cuando el privilegio sustituye a la competencia, el problema deja de ser deportivo.
El artículo 28 constitucional y la ley de competencia obligan, cuando menos, a investigar. La autoridad antimonopolios podrá determinar que la FMF y los clubes tienen poder sustancial en los mercados relevantes; que sus reglas de certificación constituyen barreras injustificadas; que la eliminación del ascenso y descenso genera ventajas exclusivas indebidas y, sobre todo, que existen alternativas para la competencia menos restrictivas a fin de garantizar la viabilidad financiera de los clubes.
El futbol no puede llamarse competitivo cuando los peores de la primera división tienen asegurado su lugar y los mejores de la categoría inferior no pueden ganárselo con sus méritos en la cancha. Si 18 clubes pueden clausurar indefinidamente las puertas de la máxima división para proteger sus posiciones, no estamos ante una simple regla deportiva: estamos ante un mercado blindado por sus propios participantes. La pelota podrá seguir rodando, pero mientras el ascenso esté cerrado, la competencia estará detenida y el futbol mexicano permanecerá estancado en la mediocridad anticompetitiva.
Héctor O. Carriedo Sáenz