La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España decidió archivar la denuncia presentada por acusaciones de acoso y agresión sexual contra el cantante Julio Iglesias. La resolución, tomada este mes, se fundamenta en la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para investigar unos hechos que, según la propia denuncia, habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas en 2021, y donde el artista tiene su residencia habitual.
El archivo de las diligencias preprocesales (iniciadas tras la denuncia presentada el pasado 5 de enero por dos ex trabajadoras del artista a través de la organización Women’s Link) pone fin, de momento, a la vía judicial en España. El ministerio público consideró que no competía a la justicia española conocer del caso, dado que las denunciantes no son de nacionalidad española ni menores de edad, y los supuestos hechos no ocurrieron en territorio español.

Esta decisión llega después de que el abogado defensor de Iglesias, José Antonio Choclán, presentara un escrito de 15 páginas solicitando precisamente ese archivo. En su argumentación, Choclán sostenía que los tribunales españoles «carecen de Jurisdicción» y criticaba que se hubiera elegido España para presentar la denuncia, buscando, a su juicio, «una mayor eficacia en la investigación» y un mayor impacto mediático, lo que había provocado un «grave daño reputacional» a su cliente.
El letrado cuestionó el papel de la organización Women’s Link y advirtió contra la idea de convertir a la Fiscalía española en un «Fiscal Universal». Además, reclamó en su momento poder personarse en la investigación para acceder al contenido íntegro de la denuncia y ejercer la defensa, algo que previamente le había sido denegado y que, según él, limitaba sus herramientas legales.
Ante esta limitación procesal, Julio Iglesias optó por una defensa pública a través de sus redes sociales. El cantante publicó en su cuenta oficial de Instagram una serie de capturas de pantalla de conversaciones privadas de WhatsApp mantenidas con las denunciantes. Estos mensajes, que datan de 2021 y de periodos posteriores a la relación laboral, muestran intercambios cordiales, agradecimientos por su paciencia e incluso felicitaciones de cumpleaños enviadas por una de las mujeres en septiembre de 2022.

Con esta publicación, Iglesias buscó contrarrestar la narrativa de las acusaciones y demostrar, ante la opinión pública, la existencia de una relación aparentemente normalizada y sin conflicto durante y después del tiempo de trabajo conjunto. Esta estrategia subraya la tensión entre el proceso judicial formal, ahora archivado, y la batalla por la reputación en el ámbito público, que el artista considera ya muy dañada.
El caso reactiva el debate sobre la jurisdicción universal en casos de presuntos delitos sexuales cometidos por españoles en el extranjero y la estrategia de organizaciones que buscan foros judiciales considerados más eficaces. Mientras, para Julio Iglesias, el archivo judicial supone un respaldo legal, aunque el impacto mediático de las acusaciones, como advirtió su defensa, perdura.
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