Jair FigueroaLa Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Guadalupe Hernández Hinojosa, directora general de la empresa Ingemar. Las autoridades federales identifican a la contadora como un presunto testaferro de Ernesto Ruffo Appel para evadir el huachicol fiscal. El exgobernador de Baja California y sus socios financieros habrían utilizado este movimiento corporativo para deslindarse del contrabando. La corporación federal indaga el fraude cometido mediante el uso de un prestanombres dentro de la estructura aduanera. El Ministerio Público federal mantiene bajo resguardo los folios mercantiles para fincar responsabilidades directas.
La estrategia de Ingemar para evadir la acción penal
La empresa Ingemar, S.A. de C.V. solicitó un cambio administrativo urgente ante la Secretaría de Economía federal. La compañía nombró a Guadalupe Hernández Hinojosa como su nueva directora general ejecutiva en marzo de 2026.
La contadora de 37 años ingresó originalmente a la firma como empleada administrativa de nivel medio. El movimiento legal ocurrió ocho meses después del decomiso masivo de carrotanques con combustible robado en Coahuila.
La FGR advierte que este registro inmediato web funcionó como una estrategia para colocar un chivo expiatorio. Con este acto, los socios detenidos Ernesto Ruffo Appel y Ricardo Thompson Navarro pretendían eludir el juicio.
El otorgamiento del poder absoluto quedó asentado formalmente ante un Notario Público mediante un folio mercantil electrónico. La nueva apoderada recibió facultades totales para celebrar contratos civiles, mercantiles y abrir cuentas bancarias corporativas.
El documento oficial señala que la mujer adquirió la representación legal frente a toda clase de autoridades penales. Su firma avalaba los movimientos ante las unidades especializadas de investigación de la Fiscalía General de la República.
Los riesgos legales del presunto testaferro de Ernesto Ruffo
Los códigos penales vigentes en México colocan al apoderado legal en el centro de cualquier indagatoria fiscal. La persona física que firma y autoriza las operaciones comerciales asume las consecuencias materiales de los delitos financieros.
Guadalupe Hernández Hinojosa figura formalmente como la autora material de los contratos celebrados por la empresa Ingemar. La FGR analiza si los documentos rubricados por la contadora hidalguense forman parte del contrabando de hidrocarburos.
Especialistas de la Facultad de Derecho de la UNAM confirman que estas acciones constituyen una práctica ilícita común. Las organizaciones delictivas otorgan poderes amplios a trabajadores de bajo rango cuando enfrentan presiones de la autoridad.
Los expertos jurídicos advierten que firmar voluntariamente ante notario público vincula penalmente al empleado de forma directa. El desconocimiento del fraude fiscal o el engaño patronal no eximen al trabajador de enfrentar la prisión.
La Fiscalía General de la República activa una revisión histórica de los movimientos financieros ejecutados por Ingemar. El Ministerio Público busca comprobar la complicidad o el grado de coacción ejercido sobre la trabajadora administrativa.
La actual directora general declaró ser originaria del estado de Hidalgo y egresada en Contaduría Pública. Su historial laboral previo incluye únicamente la administración de una tienda minorista de ropa para dama.
El socio mayoritario de la red que permanece prófugo
El despliegue de las fuerzas federales permitió la captura de Ernesto Ruffo Appel y Ricardo Thompson Navarro. Ambos personajes figuran únicamente como socios minoritarios dentro del acta constitutiva de la comercializadora de energéticos.
Sin embargo, el socio fundador y accionista mayoritario de Ingemar logró burlar los operativos de captura militar. Las autoridades federales confirman que José Merino Valdés Cuervo permanece prófugo de la justicia en territorio nacional.
El empresario de origen español es buscado activamente por su vinculación directa en el esquema de huachicol fiscal. Los reportes de inteligencia señalan que el ingeniero en telecomunicaciones coordinaba la importación marítima ilegal de los combustibles.
La red delictiva falsificaba los pedimentos aduaneros de internación para reportar volúmenes menores a los reales. La tecnología ferroviaria de la empresa facilitaba el traslado del hidrocarburo robado hacia los centros de distribución norteños.
La coordinación entre la Sedena, Marina y la FGR busca congelar las cuentas bancarias del prófugo extranjero. Las aduanas fronterizas mantienen una alerta migratoria activa para evitar la salida del país del principal implicado.
La designación de directivos de bajo perfil revela las fisuras operativas de las empresas investigadas por contrabando. La FGR mantiene el proceso contra el presunto testaferro de Ernesto Ruffo para desarticular por completo la organización. Las próximas audiencias judiciales definirán si la contadora hidalguense recibe prisión preventiva o colabora como testigo protegido.
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