Mayte BarriosDulce Mária Sauri, Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell, ex dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), una impugnación sobre los cambios a los estatutos acordados en la XXIV Asamblea Nacional del Partido, en la que se avaló la posibilidad de la reelección de sus dirigencias. El documento de la impugnación cuenta con el respaldo de Manlio Fabio Beltrones.
Los firmantes consideran que hubo «múltiples irregularidades» en la convocatoria de la Asamblea, por lo que solicitaron la invalidez de los acuerdos, incluidas las reformas a los estatutos.
Aseguran que se viola la prohibición de realizar reformas estatutarias durante un proceso electoral en curso, ya que tras los pasados comicios, aún se encuentra en la etapa de resultados y de calificación de las elecciones federales y de las Entidades Federativas.
Además los ex dirigentes aseguraron que es la primera medida que implementarán pues habrá más impugnaciones. Aseguraron que hay una «incompetencia» del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas, para emitir el reglamento de integración de la Asamblea Nacional.
Explicaron que, conforme al artículo 83, fracción X del Estatuto partidario, corresponde al Consejo Político Nacional emitir dicho reglamento para definir el número de integrantes a la Asamblea Nacional y la forma como se elegirán.
Se lee en el documento que «en su calidad de priístas y ex presidentes del partido, pero también lo hacen a nombre de miles de militantes que han manifestado su inconformidad por el atropello que está realizando la actual dirigencia del partido al mando de Alejandro Moreno».
Los ex dirigentes aseguran que hubo irregularidades en el procedimiento de convocatoria: «se realizó de forma totalmente indebida, al publicar la convocatoria se auto adjudicó la facultad de emitir el reglamento para la conformación de la Asamblea Nacional, lo cual constituyó una violación flagrante al procedimiento».
Los delegados contaron con poco más de 16 horas, a lo largo de una noche, para analizar el dictamen en un documento de 300 páginas. Dichas irregularidades tienen un «potencial invalidante de los acuerdos adoptados en la Asamblea Nacional», concluyeron los ex dirigentes partidarios.