Héctor O. CarriedoUna revisión histórica somera del intervencionismo estadounidense en América Latina y el Caribe –desde la segunda mitad del siglo veinte hasta la actualidad– permite dimensionar la gravedad y el tamaño de los despropósitos de actores políticos entreguistas, fantoches y mediáticos como “Lilly” Téllez y “Alito” Moreno, quienes de manera indigna, desquiciada y antipatriótica atentan contra la soberanía y la seguridad nacional al pedir la intervención de autoridades y fuerzas especiales de los EE.UU. en territorio mexicano, con el pretexto del narcotráfico, el crimen organizado, la “dictadura” y el “comunismo”. Veamos:
La política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe (ALC), sobre todo a partir de 1946, se caracterizó más por su injerencismo y golpismo en contra de gobiernos populares y democráticos, etiquetados como de izquierda y, mucho menos, por sus acciones de cooperación y asistencia para el desarrollo.
El sustento ideológico de la política exterior estadounidense fue el anticomunismo y el rechazo al modelo soviético y su influencia en el mundo, al considerarlo como una amenaza a la democracia liberal (burguesa) y al sistema capitalista. En el ámbito sociopolítico interno de los EE.UU., el anticomunismo se difundió por medio del Macartismo en tanto que, hacia el exterior, mediante la Doctrina Truman la cual justificó intervenciones en América Latina, Asia y África.
El Macartismo, fue una corriente y campaña antintelectual realizada en EE.UU. en los años cincuenta – de corte cuasi medioeval e inquisitorial– iniciada por el senador Joseph McCarthy, para “identificar” y purgar a presuntos “comunistas” o intelectuales percibidos como “izquierdistas” en el gobierno, el ejército, la cultura, el arte y la industria cinematrográfica, entre otros ámbitos. En suma, se trató de una cacería de brujas mediante acusaciones frágiles e infundios de “infiltración comunista”.
Aquí cabe hacer la acotación en el sentido de que al actual gobierno que impulsa la 4T se le ubica como “de izquierda”, porque en nuestro presente, en la geometría política mexicana no hay más que centro derecha “buenaondita” –representada por Movimiento Ciudadano o PAN naranja–y derecha y ultraderecha elitista y clasista encarnadas en el PRIAN. En los hechos, la filosofía política de la 4T es el humanismo social y, su punto de llegada, no es el socialismo sino el Estado de bienestar, sistema que ni es antiempresarial, ni tampoco anticapitalista.
Tres rasgos o elementos de la 4T, por lo menos, desmontan la peregrina y tonta idea de la propaganda derechista de que México “va rumbo al socialismo o comunismo”: 1) La fortísima relación de interdependencia de las economías de México y EE.UU.; 2) La vigencia y operación del T-MEC , y 3) la implementación del Plan México impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, con una amplia aceptación y participación de los sectores empresariales y productivos del país.
Además, actualmente el anticomunismo y la doctrina Truman son anacrónicos e ingenuos en un entorno de multipolaridad geopolítica y surgimiento de nuevas potencias económicas y militares como China, Brasil y la India. Ahora – en lo que podría etiquetarse como “doctrina” Trump– además de la ficticia “guerra contra las drogas” y el “terrorismo”, el contenido ideológico que sustenta el injerencismo y el militarismo estadounidense son el neofascismo y el sionismo, con su estela de racismo e intolerancia a la otredad política, étnica y religiosa.
La historia de América Latina y el Caribe (ALC) es profusa en episodios ominosos de intervencionismo e injerencismo estadounidense, que han causado infaustos y sangrientos acontecimientos. Hagamos un recuento intensivo:
Durante la guerra fría –en el lapso 1946-1989– la intervención directa de las fuerzas armadas de EE.UU. en ALC incluye operaciones militares, invasiones, despliegues de tropas y apoyo logístico en golpes de Estado, siempre motivadas por intereses geopolíticos, oligárquicos, extractivistas y económicos.
En 1946, EE.UU. estableció la Escuela de las Américas en Panamá para entrenar militares latinoamericanos en tácticas anticomunistas. Graduados de esta escuela, como Hugo Banzer (Bolivia), Leopoldo Galtieri (Argentina) y Romeo Vásquez (Honduras), participaron en golpes de Estado y dictaduras en la región.
En 1952, en Cuba, Fulgencio Batista derrocó al presidente Carlos Prío Socarrás con apoyo del gobierno estadounidense e instauró una dictadura que favoreció los intereses económicos norteamericanos en la isla.
La CIA, en 1954, con el apoyo de las fuerzas armadas de EE.UU. orquestó el derrocamiento del presidente electo democráticamente, Jacobo Árbenz, quien promovió una reforma agraria que beneficiaba a los campesinos pero afectaba intereses corporativos de la United Fruit Company. Árbenz fue reemplazado por una dictadura militar.
Después de la Revolución Cubana de 1959, la CIA organizó, en abril de 1961, una invasión para derrocar a Fidel Castro, por medio de mil 400 exiliados cubanos, entrenados y armados por el gobierno estadounidense. Las fuerzas armadas de EE.UU. proporcionaron apoyo logístico, incluyendo buques de la Marina y cobertura aérea limitada. No obstante ello, la invasión en Playa Girón fracasó en 72 horas debido a la resistencia cubana. Ello fortaleció la narrativa antiimperialista de Fidel Castro y galvanizó la alianza de Cuba con la entonces Unión Soviética.
En Brasil, en 1964, se suscitó un golpe militar para derrocar al presidente João Goulart, quien promovía reformas sociales. EE.UU. proporcionó apoyo logístico, incluyendo tanques, aviones y municiones. La dictadura militar resultante, alineada con Washington, duró 21 años y se caracterizó por torturas, desapariciones y genocidio indígena.
En 1965, después de la destitución del presidente Juan Bosch en 1963 y un intento democrático para restaurarlo, EE.UU. temió un «segundo Cuba» debido al apoyo popular al movimiento constitucionalista de Bosch, e implementó la Operación Power Pack, mediante el despliegue de 23 mil marines y tropas aerotransportadas para sofocar el movimiento popular y legítimo de Juan Bosch. La ocupación duró hasta 1966, instalando un régimen autoritario y gobierno títere –a cargo de Joaquín Balaguer – favorable a los intereses estadounidenses.
En 1973, el gobierno estadounidense, por medio de la CIA, orquestó y llevó a cabo una campaña de desestabilización económica y política que culminó el 11 de septiembre de 1973, cuando las fuerzas armadas lideradas por Augusto Pinochet, con apoyo de la CIA, asesinaron al presidente socialista democrático Salvador Allende. La dictadura de Pinochet (1973-1990) cometió graves violaciones a los derechos humanos e implementó privatizaciones a favor de corporaciones estadounidenses. Con Pinochet empezó el experimento neoliberal que se expandiría después en la mayoría de los países de América Latina.
En 1976, las fuerzas militares argentinas apoyadas por la CIA derrocaron a la presidenta Isabel Perón. Esta dictadura (1976-1983), además de los graves daños sociales y crisis económicas recurrentes, acumuló miles de desaparecidos derivados de una guerra sucia contra opositores.
En octubre de 1983 en la pequeña isla caribeña de Granada, el gobierno de EE.UU. llevó a cabo la Operación Urgent Fury, para derrocar al gobierno progresista de Maurice Bishop. Para ello desplegó 7 mil 600 tropas, incluyendo marines y fuerzas especiales, apoyadas por la Marina y la Fuerza Aérea. La invasión incluyó bombardeos y combates terrestres contra pequeñas milicias locales y cubanos. La operación fue criticada por la ONU como una violación del derecho internacional.
En diciembre de 1989, el gobierno de EE.UU. invadió Panamá, motivado por tensiones y desacuerdos con el presidente Manuel Noriega, su ex agente de la CIA, acusándolo de narcotráfico. Se efectuó la Operación Just Cause, mediante el despliegue de 27 mil tropas (marines, paracaidistas y fuerzas especiales), apoyadas por bombardeos aéreos, dejando, por lo menos, mil 500 civiles muertos. Noriega fue capturado y llevado a EE. UU.; durante la ocupación de Panamá se impuso un gobierno favorable a los intereses de Washington.
En 1991, el presidente de Haití Jean-Bertrand Aristide fue depuesto por un golpe militar, patrocinado por la CIA, por conducto de líderes golpistas entrenados en EE.UU., como Raoul Cédras. En 1994, el gobierno estadounidense volvió a intervenir militarmente para restaurar a Aristide, ya alineado y condicionado a sus intereses hegemónicos. En 2004, Aristide fue nuevamente depuesto tras una campaña de violencia instigada y apoyada por EE.UU. que culminó con su exilio forzado.
Desde finales del siglo veinte, las invasiones militares directas de EE.UU. han sido menos frecuentes debido a la crítica internacional, pero se mantiene presencia militar continua de EE.UU. en las bases militares de Soto Cano, en Honduras, y Guantánamo en Cuba, las cuales sirven como centros de inteligencia y apoyo logístico.
En el siglo veintiuno las intervenciones directas del gobierno estadounidense disminuyeron, y se sustituyeron por las tácticas intrusivas, las cuales evolucionaron hacia golpes blandos, uso de leyes extraterritoriales para desestabilizar gobiernos populares y democráticos y presión diplomática.
En abril de 2002 en Venezuela, un golpe militar y empresarial derrocó brevemente al presidente Hugo Chávez. La administración de George W. Bush reconoció rápidamente al gobierno golpista de Pedro Carmona. Documentos presentados por Venezuela ante la OEA demostraron la intervención estadounidense. La movilización popular y la lealtad militar revirtieron el golpe en 48 horas.
En Bolivia, el gobierno de Evo Morales enfrentó en 2008 un intento de golpe respaldado por sectores conservadores y por el embajador estadounidense Philip Goldberg. La movilización popular y el apoyo de UNASUR frustraron el plan, y Goldberg fue expulsado del país.
El 28 de junio de 2009, Manuel Zelaya, presidente de Honduras, fue depuesto por un golpe militar liderado por Romeo Vásquez, graduado de la Escuela de las Américas. El gobierno de EE.UU. utilizó la base militar de Soto Cano para facilitar la expulsión de Zelaya a Costa Rica. Aunque de manera hipócrita condenó formalmente el golpe, la administración Obama apoyó al gobierno de transición de Roberto Micheletti, alineado con los intereses estadounidenses.
En 2016 se implementó un golpe parlamentario («golpe blando») en Brasil para destituir a la presidenta Dilma Rousseff, mediante un impeachment. El gobierno de EE.UU. no se pronunció abiertamente; no obstante, funcionarios estadounidenses, como Thomas Shannon, avalaron el golpe al reunirse con senadores brasileños de la oposición al gobierno de Dilma. El gobierno de Michel Temer, quien asumió el poder a la caída de la presidenta Rousseff, se alineó inmediatamente con los intereses de Washington.
En 2018, sectores de la derecha nicaragüense, presuntamente apoyados por EE. UU., promovieron protestas violentas contra el gobierno de Daniel Ortega, lo cual se consideró como un intento de «golpe blando».
En noviembre de 2019, se verificó un golpe de Estado en Bolivia. Evo Morales fue forzado a renunciar por acusaciones de fraude electoral respaldadas por la OEA y presiones de las fuerzas armadas lideradas por Williams Kaliman. John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU., apoyó la destitución y el ascenso al poder de la senadora derechista Jeanine Áñez. Evo Morales logró escapar del cadalso y la muerte ayudado por el gobierno mexicano, exiliándose primero en México y después en Argentina. El gobierno popular y democrático de Bolivia, recuperó el poder en 2020.
En el lapso 2020-2025 hay denuncias de injerencia de EE.UU. en países como Venezuela y Nicaragua, mediante sanciones económicas, apoyo a opositores y campañas mediáticas.
En 2023, el ex presidente ultraderechista de Brasil, Jair Messias Bolsonaro –correligionario de Trump, ya sentenciado a 27 años de cárcel– lideró una conspiración golpista mediante un asalto a las instituciones en Brasilia, para no entregar el poder a Lula da Silva, después de perder las elecciones en 2022. Este hecho fue comparado con el asalto al Capitolio en EE. UU.
Las intervenciones estadounidenses dejaron un legado sangriento y maldito de dictaduras bananeras, violaciones a los derechos humanos, inequidad e injusticia social, desigualdad económica y polarización política.
En las últimas dos décadas la resistencia popular y la integración regional en ALC en entes como la UNASUR y ALBA, fueron fundamentales para contrarrestar estas intrusiones en el siglo veintiuno.
Epílogo
Claramente, la oposición derechista, entreguista y vende patrias al llamar a autoridades de los EE.UU. para que se entrometan en México con el pretexto del narcotráfico y el crimen organizado, le apuesta a desestabilizar la relación bilateral con EE.UU. con el fin de que nuestro páis sea afectado por una crisis múltiple, tanto política y de seguridad, como social, económica y comercial, como caldo de cultivo para instalar un régimen neofascista y oligárquico en contra de la mayoría del pueblo de México.
Pero eso no sucederá, porque las mayorías están despiertas y alertas en torno a la firme y efectiva defensa de la soberanía nacional y el manejo inteligente de la relación bilateral, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como es ampliamente reconocido por tirios y troyanos.