Escuchar la calle

De sus malas experiencias, México aprendió que la protesta social es una expresión natural de la democracia. La represión respondía a una concepción absurda del orden que convertía cualquier manifestación en una amenaza al régimen. El descontento tiene consecuencias políticas y puede anticipar una derrota electoral. Nada de ello debería alarmar. La alternancia sólo resulta intolerable para quienes consideran que el poder les pertenece de manera indefinida.

Por fortuna, el país normalizó la manifestación pública, aunque los gobiernos todavía se resisten a aceptarla. Lo ocurrido el domingo en Guadalajara es una advertencia. Miles reclamaron agua limpia. La respuesta policial, con uso de la fuerza y detenciones, agravó un conflicto que requería soluciones y diálogo. La presidenta Sheinbaum condenó el operativo; el gobernador Lemus reconoció excesos, liberó a los detenidos y anunció una investigación. Rectificar importa, pero no borra el agravio ni sustituye la obligación de garantizar el derecho a manifestarse.

Esta condena federal, sin embargo, no impidió que se intentara minimizar las recientes protestas de trabajadores del IMSS. La diferencia entre escuchar y desacreditar no es menor: una autoridad puede discrepar de las demandas, pero no debe deslegitimar a quienes las presentan por el hecho de protestar.

Durante los últimos ocho años se ha extendido, desde el poder, la tentación de confundir la crítica con hostilidad política. No es una práctica exclusiva de un partido. Nadie pide al gobernante celebrar las protestas. Se le exige respeto, disposición al diálogo y capacidad para resolver las causas del malestar. La tolerancia se mide, precisamente, frente a quienes incomodan.

Los problemas aumentan y las movilizaciones continuarán. La lección democrática es clara: los ciudadanos necesitan encontrar en los partidos, las instituciones y la competencia electoral vías para procesar sus demandas. Si el voto pierde legitimidad por una contienda inequitativa, también se deteriora la civilidad política.
Una democracia se defiende garantizando que la protesta encuentre respuesta y que el descontento tenga cauce en las urnas. Cuando esas vías se cierran, el riesgo trasciende al gobierno y alcanza al régimen democrático.