Filiberto Cruz MonroyLa reciente designación provisional de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) vuelve a abrir un debate indispensable: ¿es ella el perfil idóneo para encabezar la institución responsable de la investigación penal en México? Mi respuesta es clara: para el gobierno de Claudia Sheinbaum, sin duda; para la justicia mexicana, difícilmente.
Ernestina Godoy nació en 1954 y estudió Derecho en la UNAM. Concluyó la carrera en 1979, pero no obtuvo título ni cédula sino hasta 2004, con una tesis orientada a la participación ciudadana en la transición política. Su currículo lo evidencia: su trayectoria nunca se vinculó con el derecho penal. En sus primeros años fue docente de Teoría General del Estado y más tarde fundó la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, espacios claramente orientados a la política y a los derechos humanos, no a la procuración de justicia.
Su paso por la administración pública comenzó en el año 2000, en áreas jurídicas del entonces Gobierno del Distrito Federal. Entre 2008 y 2018 acumuló cargos administrativos y legislativos: fue coordinadora jurídica en la Procuraduría Social, funcionaria delegacional en Iztapalapa, diputada local y federal, presidenta de organismos internos del PRD, y posteriormente legisladora en la primera Legislatura del Congreso capitalino. Su cercanía con el proyecto político de la izquierda fue clara y constante. Nadie niega que sea una persona decente y respetada; sin embargo, la decencia no sustituye la experiencia técnica.
Fue hasta diciembre de 2018, ya con Claudia Sheinbaum en la Jefatura de Gobierno, cuando Ernestina Godoy tuvo su primer acercamiento real con el ámbito penal, al ser nombrada titular de la entonces Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Y ese es precisamente el punto más delicado: su gestión fue, en el mejor de los casos, mediocre. No solo no corrigió los rezagos arrastrados por administraciones anteriores, sino que sumió a la Fiscalía en una de sus etapas más opacas.
Casos sin resolver, filtraciones selectivas, investigaciones parciales y una evidente incapacidad para comunicar técnicamente los procesos penales marcaron su paso. No es casual que evitara conferencias de prensa: simplemente no sabía responder preguntas jurídicas de fondo.
Tras la reforma que convirtió la Procuraduría en Fiscalía, se convirtió en la primera fiscal capitalina. Sin embargo, cuando buscó su ratificación para continuar por cuatro años más, el Congreso de la Ciudad de México votó en contra. Ese rechazo no se explica por motivos partidistas únicamente, sino por una valoración seria de su desempeño.
En 2024 llegó al Senado y rápidamente pasó al gabinete federal como consejera jurídica de la Presidencia. Apenas asumió esa posición, volvió a mostrarse su verdadera fuerza: la confianza absoluta del grupo político gobernante. Por eso no sorprende que, tras la renuncia de Gertz Manero, el Ejecutivo federal la nombrara encargada de despacho de la FGR.
Aunque su designación es, por ahora, provisional, todo apunta a que será propuesta para ocupar el cargo por nueve años. Ya tiene 71; concluiría su mandato a los 80. ¿Podrá? Tal vez la pregunta no sea esa, sino otra más incómoda: ¿podrá la justicia mexicana con una persona que nunca ha sido penalista y que en su única experiencia al frente de una institución de procuración dejó resultados tan pobres?
Ernestina sabe que no sabe; ese sería un buen punto de partida para reconocer los límites técnicos. El problema es que la justicia no puede darse el lujo de aprender en el camino. Y México tampoco.