Brenda Agüero, una ex enfermera de 30 años del Hospital Materno Neonatal de Córdoba, Argentina, fue sentenciada este miércoles a cadena perpetua por el asesinato de cinco bebés y el intento de homicidio de ocho más en 2022. El jurado determinó que aplicó inyecciones letales de potasio e insulina a recién nacidos entre marzo y junio de ese año, aprovechando sus conocimientos médicos para ocultar los crímenes.
El fallo, emitido tras 57 audiencias en seis meses, también condenó a 10 exfuncionarios del Ministerio de Salud provincial por encubrimiento y negligencia, con penas de 4 a 5 años de prisión. Agüero, quien se declaró inocente durante el juicio, cumplirá su condena en la prisión de Bouwer.
Los crímenes que conmocionaron a Argentina
Método y víctimas
Agüero administró dosis mortales de potasio o insulina a 13 neonatos, de los cuales 5 fallecieron horas después de nacer. Los 8 sobrevivientes requirieron terapia intensiva; uno sufre retraso madurativo permanente. Las autopsias confirmaron que las muertes se debieron a exceso de potasio, sustancia que en altas concentraciones detiene el corazón.

Perfil de la asesina
Licenciada en 2018 con excelentes notas, Agüero ingresó al hospital en 2020. Durante el juicio, culpó a los medios por su imagen pública: «No hubiera peleado tanto para entrar si quisiera hacer daño», afirmó. Sin embargo, testigos y pruebas forenses demostraron su autoría material.
Fallas institucionales y condenas secundarias
El caso expuso graves negligencias en el sistema de salud cordobés. Entre los condenados por encubrimiento figuran:
- Pablo Carvajal, exsubsecretario de Salud (5 años).
- Liliana Asís, exdirectora del hospital (4.5 años).
- Marta Gómez Flores, exjefa de Neonatología (4 años).
Aunque recibieron penas menores, su inhabilitación para cargos públicos fue confirmada. Todos permanecen libres hasta que la justicia revise las sentencias.

Impacto social y reformas pendientes
El caso generó reformas en protocolos neonatales argentinos, incluyendo:
- Mayor control en el manejo de medicamentos críticos.
- Cámaras de vigilancia en áreas de maternidad.
- Capacitación obligatoria para detectar conductas sospechosas.
Familiares de las víctimas exigieron justicia plena, mientras organizaciones médicas piden evaluaciones psicológicas periódicas al personal sanitario.
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