Luis Francisco SidaEn medio de una narrativa cargada de argumentos políticos y posturas jurídicas equivocadas, el regreso de Gerardo Vargas a la presidencia municipal de Ahome es, ante todo, un recordatorio de que el Estado de Derecho no puede ser ignorado a conveniencia.
Desde el Congreso local se intentó justificar la negativa a acatar una suspensión federal con afirmaciones que, una a una, han sido desmontadas. Que si el juez no tenía competencia, que no fueron notificados, que no hay perjuicio irreparable, que está vinculado a proceso, incluso que el juez actuó por corrupción. Todas esas posturas no solo carecen de sustento legal, sino que desconocen abiertamente los criterios establecidos por el Poder Judicial de la Federación.
La ley es clara: una suspensión definitiva, emitida por un juez federal, tiene efectos vinculantes inmediatos. No se trata de si el Congreso está de acuerdo o no, ni de si considera válida la resolución. Está obligado a cumplirla. Desobedecerla puede constituir desacato, con consecuencias penales y administrativas. Argumentar corrupción sin prueba ni proceso, no invalida la resolución de un juez. Y afirmar que no hay interés jurídico, cuando se han vulnerado derechos políticos y el debido proceso, es ignorar precedentes claros de la SCJN.
Gerardo Vargas no está sujeto a prisión preventiva oficiosa ni ha sido inhabilitado judicialmente. Por tanto, puede —y debe— ser restituido mientras se resuelve el fondo del juicio. Así lo ordenó un tribunal, y el Congreso no puede fingir que no existe.
Más que una victoria personal, este episodio pone en evidencia los límites del discurso político cuando se enfrenta al marco constitucional. Y aunque este regreso no define por sí solo escenarios futuros, sí coloca a Vargas en una posición fortalecida rumbo a lo que viene: la gubernatura del 2027.