Ana Karina FernándezLo que hoy ocurre entre la FIFA y los propietarios de palcos del Estadio Azteca no se está discutiendo únicamente en el terreno del entretenimiento, el futbol o los espectáculos masivos. Lo que realmente se está debatiendo es algo mucho más profundo: la naturaleza de los derechos adquiridos y el alcance que puede tener una organización privada cuando aterriza sobre un territorio con sus propias leyes.
La polémica gira alrededor de restricciones relacionadas con estacionamiento, alimentos, bebidas y otras prerrogativas que durante décadas formaron parte del valor económico y contractual de los palcos.
Y es ahí donde aparece una analogía inevitable.
Porque para muchos propietarios, la sensación no es la de un simple ajuste operativo para la realización de un torneo internacional sino, la sensación que es de una pequeña invasión de soberanía.
No de la soberanía nacional en sentido jurídico estricto, por supuesto. México sigue siendo una nación independiente, con instituciones, tribunales y un marco constitucional plenamente vigente. Tal vez no muy funcional, pero vigente!
Hablamos sí de una soberanía mucho más doméstica, mucho más tangible y cercana: la soberanía sobre aquello que alguien compró, pagó y ha ejercido durante años bajo determinadas reglas.
Cuando una persona adquiere un palco, no compra solamente una silla con vista privilegiada al terreno de juego, compra una expectativa legítima, un conjunto de derechos, beneficios y usos asociados al inmueble. Compra acceso, comodidad, compra certeza.
Y en muchos casos compra también el derecho a utilizar espacios de estacionamiento o a recibir servicios vinculados al disfrute de esa propiedad.
Por eso el debate ha escalado tanto.
Porque desde la óptica de numerosos propietarios, la discusión ya no gira alrededor de quién organiza el Mundial.
La pregunta es otra.
Puede una entidad privada modificar temporalmente condiciones que forman parte del valor económico de un bien adquirido por terceros?
La legislación mexicana ha construido durante décadas principios orientados a proteger la propiedad privada, la seguridad jurídica y los derechos contractuales.
La Constitución reconoce el derecho de propiedad y establece que nadie puede ser privado de sus bienes sino mediante procedimientos expresamente previstos por la ley.
El Código Civil también protege los derechos derivados de contratos válidamente celebrados.
Por supuesto, existen excepciones, limitaciones temporales y circunstancias extraordinarias.
Pero precisamente por eso la discusión jurídica resulta tan interesante.
Porque no estamos frente a una expropiación.
Tampoco frente a una confiscación.
Estamos frente a una tensión entre dos intereses legítimos.
Por un lado, una organización internacional que busca uniformidad operativa para uno de los eventos más importantes del planeta.
Por otro, particulares que consideran que ciertas restricciones afectan derechos previamente reconocidos.
Y cuando ambas posiciones son razonables, el conflicto deja de ser emocional para convertirse en una cuestión de certeza jurídica.
Tomemos el caso del estacionamiento.
Si durante años el uso de determinados espacios formó parte de las condiciones asociadas a la adquisición de un palco, resulta comprensible que cualquier limitación genere inconformidad.
No porque estacionar un automóvil sea un derecho humano fundamental.
Sino porque forma parte del paquete de beneficios por el que alguien pagó.
Lo mismo ocurre con alimentos y bebidas.
Si determinados contratos, reglamentos o prácticas históricas permitían ciertos usos, cualquier modificación sustancial inevitablemente será percibida como una reducción del valor originalmente adquirido.
Y aquí aparece la analogía internacional.
Cuando un país siente que una potencia extranjera intenta imponer condiciones sin tomar en cuenta sus normas internas, suele hablarse de soberanía.
Cuando un propietario siente que una organización externa redefine las reglas bajo las cuales adquirió un bien, la sensación psicológica es sorprendentemente parecida.
No importa que jurídicamente los escenarios sean distintos.
La emoción subyacente es la misma.
La percepción de que alguien más llegó a decir cómo deben hacerse las cosas dentro de un espacio que uno considera propio.
Eso explica por qué el tema ha despertado tanta pasión.
Porque el conflicto no trata realmente sobre cajones de estacionamiento ni sobre refrescos.
Trata sobre expectativas, sobre confianza, sobre la certeza de que las reglas bajo las cuales invertiste seguirán siendo reconocidas. Y precisamente por eso el desenlace será observado con atención por juristas, empresarios y consumidores.
Porque la forma en que se resuelva enviará una señal importante respecto al equilibrio entre los derechos de los organizadores de grandes eventos y los derechos de quienes adquirieron bienes bajo determinadas condiciones contractuales.
Nadie discute la relevancia de la FIFA.
Nadie cuestiona la magnitud del Mundial.
Nadie ignora la necesidad de estándares operativos internacionales.
Pero tampoco puede ignorarse que la propiedad privada y la seguridad jurídica constituyen pilares fundamentales de cualquier democracia moderna.
La verdadera prueba no consiste en determinar quién tiene más poder.
Consiste en demostrar que el poder puede convivir con el derecho.
Porque cuando las reglas globales llegan a territorio nacional, no deberían sustituir las reglas locales.
Deberían dialogar con ellas. Deberían!
Y si algo nos ha enseñado la historia es que las soberanías, grandes o pequeñas, nacionales o patrimoniales, rara vez reaccionan bien cuando sienten que alguien pretende entrar a su casa para cambiar los muebles sin pedir permiso.
Porque una cosa es venir a organizar la fiesta… y otra muy distinta es querer adueñarse hasta de la salsa y las llaves del estacionamiento.
Como decimos en México: no hay que confundir la magnesia con la gimnasia señores de FIFA, no se vale llegar a México y querer el ungüento, el palito y el úntamelo un tantito !
Just saying…