Filiberto Cruz MonroyEl impacto de las políticas migratorias del presidente Donald Trump no solo se siente en las calles de las ciudades estadounidenses con presencia latina, en los refugios o en las fronteras militarizadas. También se refleja en las cifras del Banco de México.
En el primer semestre de 2025, los ingresos por remesas hacia México sumaron 29 mil 576 millones de dólares, lo que representa una caída de 5.6%. Más allá de los números, esta reducción habla de un fenómeno profundo: el terror psicológico que viven millones de mexicanos en Estados Unidos, que hoy ven amenazada su permanencia y su capacidad de sustento.
Las redadas migratorias, reactivadas con fuerza desde que Trump regresó a la Casa Blanca, han sembrado el miedo entre los trabajadores indocumentados. Aunque muchas de estas personas llevan años construyendo su vida en Estados Unidos, han sido blanco de operativos que interrumpen su rutina, su estabilidad y, sobre todo, su capacidad de enviar dinero a sus familias en México.
Vamos a revisar los números: el flujo mensual de remesas en junio se ubicó en cinco mil 201 millones de dólares, una caída de 16.2% respecto al mismo mes de 2024. Se trata del tercer mes consecutivo con contracciones. La tendencia no es anecdótica: es estructural.
La narrativa antiinmigrante, respaldada por medidas ejecutivas, ha generado un ambiente de persecución y parálisis. Quienes antes enviaban dinero con regularidad ahora temen salir a trabajar, cambiar de empleo o incluso acercarse a un centro de envío de remesas. Y aunque el 99.1% de las transferencias hoy se realiza por medios electrónicos, lo cierto es que el número total de operaciones cayó 14.3% anual. La remesa promedio fue de 409 dólares, ligeramente superior a la de mayo, pero el problema no es cuánto se manda, sino cuántas personas ya no están en posibilidad de mandar nada.
La caída del flujo acumulado en los últimos 12 meses —62 mil 996 millones de dólares— marca el primer descenso significativo desde los picos alcanzados en 2023 y 2024, años marcados por una recuperación económica pospandemia. Este retroceso ocurre en un contexto donde la economía mexicana enfrenta presiones inflacionarias y un bajo crecimiento, por lo que las remesas siguen siendo una fuente esencial de ingreso para millones de familias en estados como Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Zacatecas. En muchas comunidades rurales, son el principal o único ingreso estable.
Desde el lado estadounidense, el problema también es complejo. Sectores enteros del aparato productivo —la construcción, la agricultura, los servicios— dependen de la fuerza laboral migrante. Las políticas de deportación masiva y acoso institucional contra trabajadores sin documentos legales no solo afectan la economía familiar del migrante, sino también la productividad de industrias que ya enfrentan escasez de mano de obra. Castigar al trabajador migrante es también sabotear la maquinaria económica que sostiene a Estados Unidos desde abajo.
México, por su parte, enfrenta un dilema profundo. No puede ni debe depender indefinidamente de las remesas como ancla social y económica, pero tampoco puede ignorar el drama humano y financiero que representa su disminución. La caída de las remesas no solo refleja una menor entrada de divisas, sino un deterioro de la estabilidad de millones de hogares. Si el miedo continúa marcando la pauta, si la persecución no cede, la tendencia a la baja persistirá, con efectos visibles en el consumo, la educación y la salud de miles de familias mexicanas.