Jair FigueroaEn su segunda audiencia realizada esta semana, Jorge Armando “N”, conocido como “El Licenciado”, negó haber participado en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 2 de noviembre durante un evento por el Día de Muertos en Michoacán. El señalado también rechazó tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y aseguró haber sido víctima de tortura desde su detención, lo que añadió un nuevo ángulo a las investigaciones federales en curso.
El homicidio del alcalde Manzo generó una amplia movilización institucional por tratarse de un ataque directo contra un funcionario municipal, lo que activó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, operativo que ha derivado en múltiples detenciones y el escrutinio de diversos actores públicos. Según autoridades federales, ya suman once personas detenidas relacionadas con el caso, incluidas figuras cercanas al propio edil.
Negaciones, declaraciones y acusaciones de tortura
Durante su audiencia, “El Licenciado” afirmó que lleva una vida “normal” y que su trayectoria profesional puede verificarse a través de documentos. Aseguró haber estudiado Ciencias de la Comunicación y Periodismo, y dijo haber trabajado como asesor de diputados entre 2018 y 2021. En su declaración reiteró que no tiene nexos con el crimen organizado y que no participó en la planeación o ejecución del asesinato del alcalde Manzo.
Además, afirmó que desde el momento de su detención ha sido víctima de tortura, argumento que deberá ser evaluado por las autoridades competentes, conforme lo establece la ley. La versión contrasta con la de las dependencias federales que lo señalan como el posible autor intelectual del ataque.
Más detenciones: escoltas y presuntos reclutadores
Las investigaciones han llevado a una cadena de capturas. Esta semana fue detenido Jaciel Antonio “N”, señalado como la persona que habría reclutado a dos participantes en el ataque contra el alcalde. Las autoridades lo acusan de operar en centros de rehabilitación para integrar personas a células delictivas.
Con esta detención, el número de implicados llegó a once, entre ellos siete escoltas que formaban parte del equipo de seguridad de Carlos Manzo. Fueron arrestados el viernes pasado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía estatal, como parte de un operativo realizado en la Casa de la Cultura de Uruapan, donde el edil despachaba parte de sus funciones.
La Fiscalía estatal señaló que los escoltas enfrentan acusaciones por homicidio calificado en comisión por omisión, y fueron trasladados al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez”. Autoridades aseguran que existen irregularidades en los protocolos de seguridad aplicados la noche del atentado.
Entre las revelaciones más relevantes se encuentra la declaración de que Víctor Manuel Ubaldo Vidales, señalado como el atacante que presuntamente disparó contra el alcalde, habría recibido un impacto de bala cuando ya estaba detenido. De acuerdo con las primeras versiones, el disparo podría haber sido realizado por uno de los escoltas.
Señalamientos políticos y postura federal
En paralelo, la presidenta municipal sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz, pidió directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum investigar a diversos actores políticos por su presunta relación con el caso. Durante entrevistas públicas, Quiroz aseguró que solicitó que no se encubra a nadie, independientemente de su partido.
Señaló también que organizaciones como el Movimiento del Sombrero han mencionado nombres de distintos actores políticos como posibles responsables intelectuales, aunque hasta ahora no existen pruebas oficiales que los vinculen.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que hasta el momento no existe evidencia que relacione a funcionarios o exfuncionarios con el crimen. Sin embargo, reiteró que si durante el proceso se llegara a identificar la responsabilidad de algún servidor público, se procederá conforme a la ley.
Asimismo, autoridades federales señalaron a Ramón Ángel Álvarez, “El R1”, identificado como colaborador cercano de Nemesio Oseguera, como el presunto responsable de ordenar el asesinato de Carlos Manzo. El individuo continúa siendo buscado.
El alcalde Carlos Manzo había solicitado reunirse con la presidenta Sheinbaum semanas antes de su muerte para exponer la situación de violencia en Uruapan. El encuentro no ocurrió, aunque, según declaraciones de Quiroz, la mandataria expresó remordimiento por no haberlo recibido.
El asesinato del edil ocurrió durante un evento comunitario por el Día de Muertos, lo que generó conmoción local y nacional. Desde entonces, el caso se ha convertido en uno de los expedientes más complejos en la región, debido a la combinación de participación de civiles, escoltas, posibles grupos criminales y señalamientos políticos.
Mientras continúan las investigaciones y se procesan a los detenidos, abogados defensores, autoridades y familiares de las víctimas aguardan avances que permitan esclarecer por completo el crimen del alcalde Carlos Manzo. El caso sigue generando interés nacional por las múltiples aristas que involucra.
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