Filiberto Cruz MonroyLa Cámara de Diputados aprobó recientemente una reforma constitucional que prohíbe y sanciona la producción, distribución y venta de productos como vapeadores, cigarros electrónicos, precursores químicos y fentanilo. Esta reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue respaldada por 410 votos a favor, 24 en contra y cero abstenciones. Su principal objetivo, según el exmandatario, es garantizar la salud de los mexicanos y proteger a la población de los efectos nocivos de estas sustancias.
La reforma, que ahora será enviada al Senado para su discusión, establece que cualquier actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos similares estará prohibida y será sancionada. Además, se contempla la penalización de la producción, distribución y venta de sustancias tóxicas, así como el uso ilícito de fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas. Esta medida busca frenar la propagación de productos que, según el gobierno, representan una amenaza para la salud pública.
Sin embargo, la reforma ha generado una fuerte polémica entre los legisladores de oposición. La diputada Irais Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano, subió a la tribuna para expresar su rechazo a la propuesta, llevando un vapeador consigo como símbolo de su protesta. Reyes calificó la reforma como un atentado a las libertades individuales, y cuestionó la decisión del gobierno de prohibir los vapeadores mientras se sigue permitiendo la venta de tabaco tradicional, que es responsable de miles de muertes al año. La diputada también advirtió que la prohibición de los vapeadores no reducirá el consumo de estos productos, sino que probablemente lo llevará al mercado negro.
Por su parte, la diputada Paulina Rubio, del PAN, criticó la prohibición del fentanilo, señalando que esta medida no resolverá el problema de fondo y lamentó la minimización del tema por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Rubio hizo referencia a un reportaje del The New York Times que denuncia cómo los cárteles de Sinaloa están reclutando estudiantes de química para fabricar fentanilo, comparando la situación con la serie de televisión Breaking Bad. En su intervención, Rubio destacó la gravedad de la violencia y el narcotráfico que afecta a México, subrayando que la realidad del país está lejos de ser ficción.
En la misma línea, el diputado César Alejandro Domínguez, del PRI, expresó su desacuerdo con la medida, sugiriendo que la solución no está en la prohibición, sino en una regulación adecuada de estos productos. Según Domínguez, la prohibición solo abriría la puerta al mercado negro, lo que pondría en riesgo a los millones de mexicanos que hoy en día consumen vapeadores y otros productos similares.
La diputada María Angélica Granados, también del PAN, señaló que la regulación de estos productos no busca incentivar su consumo, sino reconocer que el fenómeno existe y tomar el control para minimizar los riesgos. Granados explicó que el mercado negro de los vapeadores genera entre tres mil y cinco mil millones de pesos anuales en México, una cifra que, según ella, podría destinarse al fortalecimiento del sistema de salud en lugar de alimentar redes criminales que contribuyen a la violencia y la inseguridad.