RedacciónUn juez federal dictó un nuevo auto de formal prisión contra Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, el pasado domingo, por presunto lavado de dinero relacionado con la adquisición de bienes inmuebles durante su mandato, informó la Fiscalía General de la República.
La FGR detalló que el exmandatario fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, bajo la hipótesis de adquisición de bienes mediante terceros, utilizando dinero presuntamente proporcionado por una organización criminal.
El exgobernador, deportado de Estados Unidos el 9 de abril, permanece actualmente recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número Uno, Altiplano, en el Estado de México.
¿Qué implica el nuevo proceso?
Este nuevo auto de formal prisión se suma al ya existente en contra de Yarrington por delitos contra la salud, vinculados con su presunta colaboración en actividades que facilitaron el tráfico de drogas.
Según la FGR, los nuevos cargos surgen de una investigación que reveló que Yarrington habría adquirido, por medio de prestanombres, al menos tres propiedades tanto en territorio mexicano como en el extranjero. Estos bienes, señala la fiscalía, fueron adquiridos con dinero procedente del crimen organizado, específicamente durante su periodo como Gobernador de Tamaulipas (1999–2004) y en años posteriores.
Los bienes bajo la lupa
Inmuebles adquiridos con recursos ilícitos
Aunque la FGR no ha detallado públicamente la ubicación exacta de los inmuebles, se sabe que al menos uno de ellos se encuentra en el sur de Texas, Estados Unidos. Otro estaría en la Ciudad de México y el tercero, presuntamente, en un paraíso turístico mexicano aún no especificado.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la adquisición de estos inmuebles se habría realizado a través de empresas fantasma y cuentas bancarias ligadas a testaferros del exmandatario. Este mecanismo, muy común en delitos de lavado, busca dificultar el rastreo del origen del dinero y la identificación del beneficiario final.
Vínculos con el crimen organizado
La acusación contra Yarrington incluye la sospecha de que recibió fondos de una organización criminal con presencia en el noreste de México, utilizada para financiar tanto sus campañas políticas como sus inversiones inmobiliarias. Durante años, diversos informes han vinculado al exgobernador con cárteles de la droga que operaban en Tamaulipas, especialmente durante los años más violentos de esa región.
Esta nueva imputación refuerza los señalamientos que desde hace más de una década han rodeado a Yarrington, quien fue detenido en 2017 en Italia y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Tras cumplir un proceso judicial en ese país, fue finalmente deportado a México este año para enfrentar los cargos pendientes en su país de origen.
¿Qué sigue para Tomás Yarrington?
El proceso penal iniciado este domingo abre un nuevo capítulo en la larga trayectoria judicial del exgobernador. De ser hallado culpable, podría recibir una sentencia adicional a la que ya enfrenta por delitos contra la salud.
Yarrington ha negado sistemáticamente los cargos en su contra, alegando persecución política. Sin embargo, la acumulación de procesos judiciales en su contra sugiere una tendencia clara: los órganos de justicia en México y EE. UU. han encontrado suficientes elementos para sostener las acusaciones en múltiples jurisdicciones.
Un símbolo de la impunidad en el poder
El caso de Tomás Yarrington se ha convertido en un ejemplo paradigmático del vínculo entre poder político y crimen organizado en México. Para muchos, su historia refleja cómo las estructuras estatales pueden ser infiltradas —o incluso capturadas— por intereses delictivos bajo la fachada de gobiernos constitucionales.
Este nuevo proceso podría marcar un punto de inflexión si se logra una sentencia firme que repare, aunque parcialmente, el daño causado por una administración señalada desde hace años por corrupción y colusión criminal.
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