RedacciónLa organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló un patrón sistemático de irregularidades en las contrataciones del Congreso de la Unión entre 2018 y 2024. El informe documenta que el 81% de los contratos en la Cámara de Diputados y el 90% en el Senado se adjudicaron directamente, sin procesos competitivos, con un monto total de 35,734 millones de pesos en 70,836 contratos analizados.
La investigación, basada en la «Base de Contratos Legislativos 2018-2024 MCCI», expone cómo ambas cámaras operaron con grave opacidad, llegando a no transparentar el 55% de las contrataciones y el 31% del gasto total (10,882 millones de pesos). La situación podría agravarse con la próxima extinción del INAI, que dejaría la resolución de controversias en manos de las propias contralorías internas del Legislativo.
Adjudicaciones directas: el modus operandi predominante
El reporte de MCCI detalla un sistema de contratación que privilegia la discrecionalidad sobre la competencia. En el rubro de comunicación social y publicidad, el 100% de los contratos fueron asignados mediante adjudicación directa, sin procesos de licitación que garantizaran mejores precios o condiciones para el erario público.
La Cámara de Diputados promedió 15 contratos diarios por 6.8 millones de pesos, mientras que el Senado asignó 12 contratos diarios por 6.9 millones de pesos. Estas cifras revelan un flujo constante de recursos públicos manejados con mínima supervisión externa y nula competencia entre proveedores.
Opacidad institucionalizada y debilitamiento de controles
MCCI identificó graves fallas en los sistemas de transparencia de ambas cámaras. La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no ofrece información completa, y los sitios oficiales del Legislativo presentan omisiones sistemáticas. En algunos periodos, no se publicó información contractual alguna, violando los principios básicos de rendición de cuentas.
El problema se agravará con la desaparición del INAI, prevista para el 19 de junio de 2025. A partir de esa fecha, las inconformidades sobre acceso a la información serán resueltas por las contralorías internas del propio Congreso, creando un evidente conflicto de interés donde «el Poder Legislativo será juez y parte de su opacidad», según advierte el informe.
Concentración de poder en la Junta de Coordinación Política
La investigación señala a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) como el núcleo donde se toman las decisiones clave sobre contrataciones. En el Senado, la Jucopo incluso estableció un acuerdo para que todas las decisiones relevantes requirieran su aval previo, pese a que formalmente corresponde a la Mesa Directiva ejercer las funciones administrativas.
MCCI destaca que los titulares de los principales órganos administrativos pertenecen al equipo político de los coordinadores parlamentarios, particularmente de Morena. Esta configuración ha creado un sistema donde las decisiones de contratación responden más a criterios políticos que a principios de eficiencia y transparencia.
Llamado a fortalecer la rendición de cuentas
La organización civil enfatiza que «es inadmisible que un poder que debe vigilar el gasto público de otros escape al escrutinio ciudadano». El reporte advierte que la combinación de adjudicaciones directas masivas, información incompleta y controles debilitados configura un escenario de alto riesgo para el uso adecuado de recursos públicos.
MCCI hace un llamado urgente a:
- Fortalecer los mecanismos independientes de fiscalización
- Garantizar el acceso completo a la información contractual
- Establecer procesos competitivos obligatorios
- Evitar que la extinción del INAI profundice la opacidad
El informe completo «Las contrataciones públicas en la Cámara de Diputados y de Senadores de 2018 a 2024. Poder, opacidad y discrecionalidad» está disponible para consulta pública, junto con la base de datos de contratos analizados.
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