Filiberto Cruz MonroyLa captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos no solo reconfigura el poder en Venezuela: dinamita uno de los principios que, al menos en el discurso, Occidente decía defender con firmeza: que la democracia no se impone por la fuerza.
Nadie con un mínimo de honestidad intelectual puede negar que Maduro es un dictador, responsable directo del colapso institucional, económico y social de Venezuela. Pero reconocer eso no responde la pregunta central, la verdaderamente incómoda: ¿es legítimo que otro país decida intervenir militarmente para remover a un gobernante extranjero y rediseñar el futuro político de una nación soberana?
La llamada “Operación Southern Spear” fue precisa en lo militar, pero devastadora en lo político y simbólico. Estados Unidos cruzó una línea peligrosa al secuestrar —porque eso fue— al jefe de Estado de otro país y bombardear zonas urbanas con víctimas civiles. El precedente es escalofriante. Si Washington se atribuye el derecho de intervenir cuando considera que un régimen es ilegítimo o criminal, ¿con qué autoridad moral podrá mañana condenar a Rusia por Ucrania o a China si decide tomar Taiwán bajo el argumento de la seguridad, la estabilidad o la justicia histórica? El derecho internacional no puede funcionar como un arma selectiva que solo se aplica a los enemigos.
Lo más revelador llega después de los misiles. Donald Trump no tardó en dejar claro que su interés no es la democracia venezolana. Si lo fuera, el camino lógico sería permitir que la oposición, representada por Edmundo González y María Corina Machado, asuma el poder conforme al mandato popular que dicen haber ganado.
Pero no. En su lugar, quien termina al frente del país es Delcy Rodríguez, vicepresidenta, mano derecha de Maduro y pieza central del mismo sistema que dice combatirse, ahora validada y supervisada por Washington.
La contradicción es brutal: se derroca a un dictador para dejar a sus cómplices gobernando bajo tutela extranjera. ¿Eso es liberación o simple administración del botín? Trump fue explícito: Estados Unidos controlará Venezuela, gestionará su petróleo y decidirá el ritmo de la transición. El crudo venezolano vuelve a ocupar el centro del tablero, confirmando que el verdadero motor de la intervención no fue la libertad, sino el interés económico y geopolítico.
La democracia no se construye con comandos de élite ni con tribunales extranjeros. No nace del miedo ni de la ocupación encubierta. Nace de instituciones legítimas, de procesos internos, imperfectos pero propios. Cuando una potencia extranjera decide quién gobierna, bajo qué condiciones y con qué amenazas, lo que se instala no es democracia, sino tutela. Y la tutela, aunque se disfrace de ayuda, sigue siendo una forma de dominación.
Trump muestra, una vez más, su desprecio por las instituciones, tanto las de su país como las internacionales. Reduce la política exterior a una transacción: estabilidad a cambio de control, petróleo a cambio de obediencia. No hay valores, solo negocios. Hoy es Venezuela. Ayer fue Medio Oriente. Mañana, ¿Groenlandia?
Celebrar la caída de Maduro no debería implicar aplaudir la demolición del orden internacional. Porque cuando la fuerza sustituye al derecho, cuando el más fuerte decide qué gobiernos sobran y cuáles convienen, el mundo se vuelve más inseguro para todos. Incluso —y sobre todo— para quienes hoy creen que la historia siempre se escribe a su favor.