Los abogados del rapero y productor estadounidense Sean “Diddy” Combs solicitaron esta semana a un tribunal federal de apelaciones en Nueva York su liberación inmediata, al considerar que la sentencia de 50 meses de prisión dictada en su contra es excesiva, desproporcionada y contraria al veredicto emitido por el jurado en su juicio penal.
Defensa impugna condena de Sean “Diddy” Combs
La defensa legal del artista presentó una apelación de 84 páginas, en la que solicita anular la sentencia o, en su defecto, una reducción significativa de la pena. El documento, citado por la revista especializada Variety, fue elaborado por la abogada Alexandra A. E. Shapiro, quien sostiene que el juez federal Aran Subramanian excedió sus atribuciones al momento de dictar la condena.
De acuerdo con el escrito, la sentencia no solo se aparta de los criterios habituales en casos similares, sino que además contradice los hallazgos del jurado que evaluó el caso.
Alegan castigo fuera de proporción
La apelación señala que, en procesos judiciales comparables, los acusados suelen recibir condenas menores a 15 meses de prisión, incluso en escenarios donde se acredita coacción, situación que —según la defensa— no fue determinada por el jurado en este caso.
“El castigo impuesto excede ampliamente lo que se aplica en casos similares”, sostiene el documento, al tiempo que cuestiona la interpretación del juez sobre los hechos probados durante el juicio.
El rol del juez, en el centro de la polémica
Uno de los ejes principales de la apelación es la acusación de que el juez asumió un papel que no le correspondía, al fundamentar la sentencia en conclusiones que no fueron avaladas por el jurado.
La defensa argumenta que Subramanian determinó que Combs coaccionó y explotó a sus parejas sentimentales, además de haber encabezado una conspiración criminal, pese a que el jurado lo absolvió de los cargos más graves, como conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual.
Absolución parcial ignorada, según abogados
Estos delitos, de haber sido acreditados, habrían implicado penas sustancialmente mayores. Sin embargo, el jurado rechazó esas acusaciones, limitando la responsabilidad penal del rapero a cargos menos severos.
Para la defensa, la sentencia no reflejó esa absolución parcial y se basó en criterios ajenos al fallo del jurado.
Los cargos por los que sí fue condenado
Sean “Diddy” Combs fue condenado en julio únicamente por dos cargos relacionados con el transporte para ejercer la prostitución, delitos que conllevan sanciones significativamente menores a las impuestas finalmente por el tribunal.
No obstante, durante la audiencia de sentencia celebrada en octubre, el juez Subramanian dejó claro que su decisión estuvo influida por antecedentes de violencia del artista, particularmente un video de 2016 en el que se observa una agresión contra su entonces pareja, Casandra “Cassie” Ventura.
Antecedentes influyeron en la pena
Durante la audiencia, el juez dirigió un mensaje directo al rapero:
“El mismo poder que usaste para lastimar a las mujeres puedes usarlo para ayudarlas. Cuento contigo para que aproveches al máximo tu segunda oportunidad”.
Para la defensa, estas consideraciones no debieron incidir en la sentencia, al no formar parte de los cargos por los que fue hallado culpable.
Argumentos constitucionales reaparecen en la apelación
Otro punto retomado por los abogados es que las interacciones sexuales consensuadas y la grabación de dichos encuentros estarían protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Este argumento ya había sido rechazado previamente por el tribunal, pero la defensa insiste en que fue desestimado sin un análisis suficiente, lo que vulneraría derechos fundamentales del acusado.
Situación actual del rapero
Actualmente, Sean “Diddy” Combs cumple su condena en la prisión federal Fort Dix, ubicada en Nueva Jersey. En caso de que la apelación no prospere, su liberación está programada para mayo de 2028.
La resolución del tribunal de apelaciones será clave no solo para el futuro legal del artista, sino también para sentar precedentes sobre el alcance de las facultades judiciales frente a los veredictos de jurado en casos de alto perfil.
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