RedacciónLa consultoría política Gobernarte publicó este jueves su «Ranking de Tribunales Superiores de Justicia de México», un estudio de gran calado que arroja una conclusión contundente y preocupante para el Poder Judicial en las entidades federativas: todos los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) del país están reprobados en la percepción ciudadana, al no alcanzar ninguno una calificación superior al 40 por ciento. El más alto, Héctor Macedo García, presidente del TSJ del Estado de México, obtiene un 37.4 por ciento, mientras que la última posición es para Fanny Margarita Amador, presidenta del TSJ de Tlaxcala, con un ínfimo 12.8 por ciento.
El estudio, levantado entre el 28 de febrero y el 3 de marzo de 2026 con una muestra de 885 encuestas por entidad y un margen de error de entre 2.5 y 3.7 por ciento, no solo mide la aprobación de los titulares de los poderes judiciales locales, sino también el nivel de conocimiento que la ciudadanía tiene de ellos. Los resultados revelan una profunda desconexión entre la sociedad y una de las instituciones fundamentales del Estado de derecho.
Los primeros lugares: reprobados, pero menos
El primer lugar del ranking es para Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con una calificación de 37.4 por ciento, resultado de un 33.5 por ciento de conocimiento y un 41.3 por ciento de aprobación. Macedo, al frente del tribunal del estado más poblado del país, es el mejor evaluado, aunque su calificación lo coloca muy por debajo del umbral de aprobación.
En segundo lugar se ubica Ricardo Salinas Sandoval, presidente del TSJ de Guerrero, con 36.9 por ciento (32.4% de conocimiento y 41.5% de aprobación). En tercer lugar aparece Alma Delia Camacho Patlán, presidenta del TSJ de Guanajuato, con 36.3 por ciento (30.8% de conocimiento y 41.9% de aprobación). Estos tres primeros lugares comparten una característica: aunque su aprobación entre quienes los conocen ronda el 41 por ciento, el bajo nivel de conocimiento general (entre 30 y 33 por ciento) lastra su calificación final.
El cuarto lugar es para Rafael Guerra Álvarez, presidente del TSJ de la Ciudad de México, con 35.6 por ciento (30.1% de conocimiento y 41.1% de aprobación). Guerra, al frente del tribunal de la capital, tiene una exposición mediática mayor que otros, pero aún así el desconocimiento ciudadano es alto. Cierra el Top 5 Rafael Acuña Griego, presidente del TSJ de Sonora, con 33.9 por ciento (30.3% de conocimiento y 37.5% de aprobación).
La parte media: entre el anonimato y la desaprobación
A partir del sexto lugar, las calificaciones descienden gradualmente, reflejando un patrón de bajo conocimiento combinado con aprobaciones modestas. Manuel Valadez Díaz, presidente del TSJ de Durango, ocupa la sexta posición con 30.8 por ciento (31.6% de conocimiento y 30.1% de aprobación). Le sigue Rebeca Aladro Echeverría, presidenta del TSJ de Hidalgo, con 30.5 por ciento (31% de conocimiento y 30.1% de aprobación).
Belinda Aguilar Díaz, presidenta del TSJ de Puebla, es octava con 29.1 por ciento (26.5% de conocimiento y 31.8% de aprobación). Anahí Zarazúa Martínez, presidenta del TSJ de San Luis Potosí, es novena con 29 por ciento (25.5% de conocimiento y 32.5% de aprobación). Alejandro Fragoso López, presidente del TSJ de Baja California, cierra el Top 10 con 28.6 por ciento, un caso interesante porque tiene el conocimiento más alto entre los primeros diez (32.4%), pero la aprobación más baja (24.8%), lo que sugiere que quienes lo conocen no lo evalúan bien.
Los últimos lugares: el abismo de la confianza
A partir del lugar 11, las calificaciones caen por debajo del 28 por ciento, y en muchos casos el conocimiento es inferior al 20 por ciento. Heyden Cebada Rivas (Quintana Roo, 27.9%), Miguel Mery Ayup (Coahuila, 27.7%) y Erika María Rodríguez (Oaxaca, 26.9%) ejemplifican la tendencia.
En los últimos diez lugares, las cifras son dramáticas. Efraín Reséndez Bocanegra (Tabasco, 19.7%), Laura Perla Córdova (Nuevo León, 19.4%), Juan Moreno Guillén (Chiapas, 19.3%), Juan Pedro Alcudia Vázquez (Campeche, 19.2%) y Rosalba Hernández (Veracruz, 19.2%) están en el fondo de la tabla, con calificaciones por debajo del 20 por ciento.
Los últimos cinco lugares son aún más preocupantes. Carlos Montes y Montes (Colima, 18.6%), Jesús Chávez Rangel (Sinaloa, 18.2%), Carlos Villegas Márquez (Zacatecas, 17.7%), Tania Gisela Contreras López (Tamaulipas, 16.7%), Marcela Herrera Sandoval (Chihuahua, 16.3%) y, en el último lugar, Fanny Margarita Amador (Tlaxcala, 12.8%). Amador tiene un conocimiento de apenas 15 por ciento y una aprobación de 10.6 por ciento, lo que la convierte en la presidenta de tribunal peor evaluada del país.
Análisis por género: mayoría masculina en los cargos
El ranking también permite analizar la composición por género de las presidencias de los tribunales estatales. Del total de 32 titulares, 20 son hombres, lo que representa el 62.5 por ciento, mientras que 12 son mujeres, el 37.5 por ciento. Esta proporción, aunque muestra una participación femenina significativa, aún refleja una sobrerrepresentación masculina en los máximos cargos del Poder Judicial local.
Conclusiones: una crisis de legitimidad y desconocimiento
La encuesta de Gobernarte sobre los Tribunales Superiores de Justicia dibuja un panorama desolador para el Poder Judicial en las entidades federativas. Ninguno de los 32 presidentes alcanza una calificación aprobatoria, y los niveles de conocimiento son, en muchos casos, ínfimos. Esto sugiere una doble crisis: por un lado, una crisis de legitimidad, reflejada en las bajas aprobaciones; por otro, una crisis de visibilidad y comunicación, evidenciada en el altísimo desconocimiento ciudadano.
El hecho de que el mejor evaluado, Héctor Macedo del Edomex, apenas supere el 37 por ciento, y que la última, Fanny Margarita Amador de Tlaxcala, tenga un 12.8 por ciento, revela la enorme distancia entre la sociedad y sus instituciones judiciales. Si los ciudadanos no conocen a quienes imparten justicia, difícilmente pueden confiar en ellos. Este es un llamado de atención para los poderes judiciales locales, que necesitan urgentemente estrategias de transparencia, comunicación y acercamiento a la ciudadanía.
El levantamiento de esta encuesta se realizó con una muestra robusta y un margen de error controlado, lo que garantiza la precisión de los resultados y la validez de las conclusiones.
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