Los masivos cortes de energía eléctrica que afectaron a Cuba este viernes hicieron que gran parte de la población se despertara sin conocimiento inmediato de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla. A medida que la noticia comenzó a difundirse en La Habana y otras provincias, a través de radios a batería y datos móviles intermitentes, la reacción entre los ciudadanos fue de ira y angustia, ante una medida que, según expresan, solo profundizará las ya severas dificultades causadas por las sanciones económicas estadounidenses y la crisis interna.
La dimensión de la crisis energética fue cuantificada por el diario oficial Granma, que reportó que para la demanda pico del viernes se requerían 3,100 megawatts (MW), pero la disponibilidad real era de solo 1,325 MW, cubriendo apenas el 42.7% de la necesidad nacional. Esto se traduce en apagones programados y no programados que en la capital, La Habana, superan las 10 horas diarias, paralizando hogares, negocios y servicios esenciales. Esta situación forma el telón de fondo sobre el cual los cubanos recibieron la noticia de la última escalada de presión desde Washington.

Para Lázaro Alfonso, un diseñador gráfico jubilado de 89 años, la medida es equivalente a un acto de guerra. “Esto es una guerra”, afirmó, describiendo a Trump como el “sheriff del mundo” y diciendo que se siente como si viviera en el Viejo Oeste, “donde todo se vale”. Alfonso, quien vivió la severa depresión económica de los años 90 conocida como el “Periodo Especial”, asegura que la situación actual es incluso peor, dada la gravedad combinada de los apagones, la falta de bienes básicos y la escasez crónica de combustible. “Aquí en Cuba, lo único que nos falta… es que nos caigan las bombas”, expresó con resignación.
La amenaza de aranceles tiene un impacto psicológico y práctico inmediato en una población ya al límite. Las filas en las gasolinerías de La Habana que venden combustible en dólares se extendieron por varias cuadras este viernes, según constataron periodistas de la AFP. La presión por asegurar gasolina, diésel y electricidad se ha convertido en una lucha diaria que consume horas y recursos. Jorge Grosso, un universitario de 23 años, hizo fila durante “casi 24 horas” para comprar gasolina. Para este estudiante de contabilidad, la nueva medida es asfixiante: “Hay que negociar y ver cuáles son las condiciones que tiene (Trump), porque al final nos están asfixiando”. Advierte que si Trump logra cortar efectivamente el suministro de petróleo al país, “lo que se viene va a estar duro, muy duro”.
El contexto macroeconómico explica esta vulnerabilidad. Cuba enfrenta desde hace seis años una crisis económica estructural, con una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 11% en el último lustro. La combinación del endurecimiento de las sanciones estadounidenses (el embargo, vigente desde 1962), la baja productividad de la economía centralizada, y el colapso de industrias clave como el turismo tras la pandemia, ha dejado al gobierno con una severa escasez de divisas. Esta falta de liquidez internacional limita drásticamente la capacidad para importar alimentos, medicinas, repuestos para la obsoleta infraestructura eléctrica y, crucialmente, petróleo.
Históricamente, Cuba ha dependido de suministros petroleros ventajosos de aliados como la antigua Unión Soviética y, más recientemente, Venezuela. La drástica reducción de los envíos venezolanos en años recientes ha forzado a la isla a buscar combustibles en el mercado internacional a precios plenos, una carga insostenible para sus finanzas. La orden ejecutiva de Trump, que busca desincentivar a otros países de comerciar petróleo con La Habana bajo amenaza de aranceles, apunta directamente a estrangular esta última vía de abastecimiento, con el riesgo concreto de paralizar por completo el ya frágil sistema eléctrico nacional.
El recuerdo del efímero deshielo durante el segundo mandato de Barack Obama (2014-2016) contrasta con la realidad actual. Aquel periodo de acercamiento diplomático, que incluyó la reapertura de embajadas y cierta flexibilización de restricciones, concluyó abruptamente con la llegada de Trump a la Casa Blanca en 2017. Su administción no solo revirtió las medidas de Obama, sino que activó herramientas legales como la Título III de la Ley Helms-Burton y designó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, recrudeciendo el bloqueo financiero y comercial a niveles sin precedentes en décadas.
La vida cotidiana bajo este escenario es una cadena de privaciones. Los apagones prolongados dañan electrodomésticos, echan a perder alimentos en refrigeradores, interrumpen el bombeo de agua y sumen a ciudades enteras en la oscuridad. La industria y la agricultura se ven igualmente afectadas, reduciendo aún más la ya escasa oferta de productos nacionales. El anuncio de Trump, por lo tanto, no es percibido como una mera maniobra geopolítica distante, sino como una amenaza directa a la capacidad de encender un ventilador, conservar una medicina o cocinar una comida.
La respuesta del gobierno cubano ha sido de condena enérgica, acusando a Estados Unidos de buscar una crisis humanitaria. Mientras, en las calles, la preocupación ciudadana es palpable. La combinación de una crisis interna profunda y un cerco externo que se estrecha presenta un desafío existencial para la nación caribeña. Los próximos días y semanas serán críticos para observar si la orden de Trump se materializa en acciones concretas contra terceros países y, de ser así, cómo intentará Cuba, con sus recursos al límite, asegurar el flujo vital de energía para su población.
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