Filiberto Cruz MonroyLa Cámara de Diputados ha recibido una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que propone la creación de varias nuevas dependencias clave. Entre ellas se encuentran la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Además, se plantea la transformación de la actual Secretaría de la Función Pública en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que asumirá las funciones del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai).
La reforma busca que estas nuevas secretarías asuman la responsabilidad de garantizar el acceso a la información pública y se propone la creación de un sistema de servicio nacional de identificación personal. La propuesta deberá ser aprobada tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados antes del 15 de noviembre, fecha en la que comenzará la discusión del presupuesto.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, se inicia una reestructuración del gobierno federal. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) desaparecerá y será reemplazado por la Secretaría de la Mujer, liderada por Citlalli Hernández. Aunque aún no ha sido nombrada formalmente, Hernández ya se ha enfrentado a su primer desafío al intervenir en un caso de una joven acusada de aborto tras una violación, logrando que la Fiscalía desistiera de la acción penal.
Otra figura clave es Rosaura Ruiz, quien asumirá el cargo de secretaria de Ciencias, Humanidades y Tecnología, reemplazando al Conacyt. Durante su primer mes, Ruiz ha sostenido reuniones con líderes de centros de investigación y autoridades educativas.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones es un nuevo organismo inspirado en la Agencia de Innovación Pública (ADIP) que Claudia Sheinbaum implementó durante su gestión en la Ciudad de México. Esta agencia, liderada por José Peña Merino, se encargará de establecer el sistema nacional de identificación personal y coordinar la política de soberanía tecnológica.
La reforma también destaca la creación de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que asumirá el papel de promover la transparencia y el acceso a la información pública. Esta dependencia tendrá la autoridad para gestionar procesos de contratación, emitir reglas de investigación y fiscalización, y evaluar la confiabilidad de personas en «cargos estratégicos».
Entre sus atribuciones, la nueva secretaría se encargará de garantizar el derecho de acceso a la información pública, en un contexto donde la intención de eliminar el Inai ha suscitado controversia.