Jair FigueroaUn tribunal federal de apelaciones en Boston dictaminó este viernes que el gobierno del expresidente Donald Trump no puede negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de personas que se encuentren en Estados Unidos de manera ilegal o temporal, marcando un nuevo revés judicial a la orden ejecutiva que intentaba modificar este principio constitucional.
El Primer Circuito de Apelaciones se convirtió en el quinto tribunal federal desde junio en mantener o emitir resoluciones que bloquean la orden sobre la ciudadanía por nacimiento. La corte determinó que los niños nacidos en territorio estadounidense tienen derecho a la ciudadanía plena, conforme a la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda de la Constitución.
Un nuevo revés judicial para Trump
El fallo sostiene que los demandantes tienen altas probabilidades de éxito, dado que el texto constitucional garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, siempre que estén sujetas a su jurisdicción.
La orden ejecutiva, firmada el mismo día en que Trump asumió el cargo, buscaba impedir la ciudadanía automática a los hijos de migrantes indocumentados o de quienes estuvieran de paso temporalmente, rompiendo con una tradición legal centenaria.
“Las lecciones de la historia nos dan razones para ser cautelosos ante cualquier intento de romper con nuestra tradición establecida de reconocer la ciudadanía por nacimiento”, escribió el panel de jueces en su resolución.
Reacciones de los estados y defensores de derechos
El fiscal general de California, Rob Bonta, celebró el fallo y recordó que 20 estados participaron en la demanda que impugnaba la orden presidencial.
“El ataque del presidente a la ciudadanía por nacimiento desafía la 14ª Enmienda. Este fallo protege los derechos fundamentales de los estadounidenses”, declaró Bonta.
Otros tribunales federales, en Maryland, Nueva Hampshire y San Francisco, ya habían bloqueado previamente la orden de Trump, otorgándole carácter nacional a las medidas cautelares. La Corte Suprema había señalado en junio que, aunque las órdenes nacionales deben limitarse, las demandas colectivas o presentadas por estados pueden seguir vigentes.
Camino a la Corte Suprema
El gobierno de Trump presentó una apelación en septiembre solicitando al máximo tribunal del país respaldar su orden sobre la ciudadanía por nacimiento.
Según una portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, “la corte está interpretando erróneamente la 14ª Enmienda. Esperamos ser reivindicados por la Corte Suprema”.
Sin embargo, los expertos constitucionales aseguran que la jurisprudencia es clara desde el fallo histórico de 1898, cuando la Corte Suprema determinó que un niño nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano estadounidense, aun cuando sus progenitores no tenían nacionalidad estadounidense.
El fondo del debate: la 14ª Enmienda
El principio de ciudadanía por nacimiento —conocido como jus soli— está consagrado en la 14ª Enmienda, adoptada tras la Guerra Civil para garantizar los derechos de los antiguos esclavos.
El texto establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos del país y del Estado donde residen”.
Los abogados del Departamento de Justicia, en cambio, argumentaron que la frase “sujeto a la jurisdicción” permitiría excluir a hijos de extranjeros no residentes o en situación irregular, argumento rechazado reiteradamente por los tribunales.
Implicaciones para la comunidad migrante
Organizaciones pro migrantes celebraron la decisión del tribunal y destacaron que proteger la ciudadanía por nacimiento es esencial para evitar la apatridia y la discriminación de menores nacidos en territorio estadounidense.
Defensores de derechos humanos advirtieron que, de haberse aplicado la orden, cientos de miles de niños podrían haber sido despojados de su nacionalidad, generando una crisis legal y humanitaria sin precedentes.
El debate continúa
El caso ahora podría escalar nuevamente hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que tendría la última palabra sobre si el presidente puede o no restringir este derecho constitucional.
De confirmarse la interpretación del Primer Circuito, se reafirmaría el principio de igualdad y no discriminación en la ciudadanía, considerado uno de los pilares del sistema democrático estadounidense.
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