Filiberto Cruz MonroyEl Consejo de la Judicatura Federal ha tomado la decisión de reanudar las actividades en todos los juzgados de distrito y tribunales de circuito a partir del próximo lunes, con un resultado de cinco votos a favor y dos en contra. Esta resolución marca el fin de un paro que ha durado casi un mes y que se originó en respuesta a la reciente aprobación de una reforma judicial. La votación fue controvertida, destacándose el voto en contra de Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de la consejera Lilia Mónica López Benítez.
El paro había sido una medida de protesta impulsada por miembros del Poder Judicial, quienes expresaron su descontento ante la reforma que, según ellos, afecta la independencia y el funcionamiento del sistema judicial. Para abordar estas inquietudes, el Consejo de la Judicatura ha decidido establecer una mesa de diálogo programada para mañana con representantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) y la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Esta reunión tiene como objetivo garantizar los derechos de los magistrados y jueces en el contexto de la nueva reforma.
La Jufed había manifestado su intención de continuar con el paro hasta que se iniciaran negociaciones formales con la Judicatura, lo que finalmente se concretó con la decisión de crear esta mesa de diálogo. La disposición del Consejo sugiere un intento de mediar en las tensiones existentes y encontrar un camino hacia la normalización de las actividades judiciales, al mismo tiempo que se busca la conciliación con las demandas de los trabajadores del sector.
Por otro lado, Norma Piña ha dado inicio a una nueva consulta, la cuarta hasta la fecha, en relación con la impugnación de la reforma judicial aprobada recientemente por el Congreso. Esta consulta fue promovida por la Jufed y plantea la posibilidad de impugnar la reforma no a través de amparos, sino como parte de las facultades que tiene la Corte para resolver disputas contractuales. Esta acción indica que las preocupaciones sobre la reforma no se limitan al ámbito operativo, sino que también tocan aspectos legales fundamentales.
La consulta, catalogada como urgente, se refiere a la controversia sobre la aplicación del artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Este artículo permite cuestionar reformas a la Constitución Política de México, lo que podría abrir la puerta a un examen más detallado de los procedimientos legislativos y del contenido material de la reforma en cuestión. La ministra presidenta ha dejado claro que se buscará la claridad sobre estas cuestiones, resaltando la importancia de cumplir con las formalidades necesarias.
Finalmente, la consulta ha sido asignada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien tendrá la responsabilidad de elaborar un proyecto que será presentado al Pleno de la SCJN. Esta etapa es crucial, ya que definirá si se inicia un juicio contra la reforma o si se desestima la impugnación. Hasta ahora, se han presentado tres consultas relacionadas con la reforma judicial, lo que refleja la creciente inquietud y el deseo de claridad en un contexto judicial que se encuentra en una fase de transformación significativa.