Héctor O. CarriedoEste análisis no pretende defender ni exonerar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni a los demás funcionarios señalados en investigaciones de autoridades estadounidenses. Tampoco busca descalificar automáticamente cualquier indagatoria relacionada con posibles vínculos criminales. El objetivo es otro: explicar y contrastar las profundas diferencias entre los sistemas penales de México y Estados Unidos, especialmente en sus estándares de prueba, el uso de testigos colaboradores y la forma en que se construyen las acusaciones judiciales. En un tema tan delicado, distinguir entre señalamientos mediáticos, acusaciones preliminares y pruebas plenamente acreditadas resulta indispensable para comprender el debate con rigor jurídico y no desde prejuicios políticos o narrativas simplificadoras.
Mientras México exige pruebas judiciales formales y procesos conforme a su propio sistema legal, Estados Unidos suele construir casos de alto impacto con una herramienta muy cuestionada: los testigos colaboradores o “cooperantes”. En el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve actores señalados, una dependencia del Departamento de Estado lanzó acusaciones públicas antes de entregar a México un expediente completo. Para los analistas más serios, equilibrados e informados, esto constituye una estrategia de presión política mas que un auténtico ejercicio de justicia.
El mecanismo consiste en que, cuando un narcotraficante o exfuncionario enfrenta largas condenas en EE.UU., la fiscalía le ofrece beneficios a cambio de colaborar, tales como: reducción de sentencia, protección o incluso ingreso al programa de testigos protegidos. A cambio, el cooperante entrega nombres, relatos y presuntas conexiones criminales. El problema es evidente: quien declara tiene fuertes incentivos para exagerar, mentir o decir lo que los fiscales quieren escuchar para obtener ventajas.
En el caso Rocha Moya, diversos reportes señalan que exfuncionarios como Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega buscan acuerdos de colaboración con autoridades estadounidenses. La acusación se apoyaría principalmente en testimonios de supuestos integrantes de “Los Chapitos” y operadores detenidos. Hasta ahora, públicamente no se conocen pruebas contundentes compartidas con las autoridades de México, como peritajes concluyentes, registros financieros irrefutables o evidencia técnica plenamente verificable. El peso principal recae en declaraciones de testigos beneficiados por el sistema penal estadounidense.
Incentivos perversos que pueden distorsionar la verdad
Desde hace décadas, académicos y especialistas en justicia penal en EE.UU. han advertido sobre los riesgos del uso excesivo de cooperantes. En distintos casos, algunos testigos han cambiado versiones o exagerado hechos para obtener reducciones de condena. Esto vuelve especialmente delicados los procesos relacionados con crimen organizado, donde muchas veces no existen testigos independientes ni información plenamente verificable.
El problema se agrava porque las autoridades del sistema penal de los Estados Unidos generalmente consideran “suficientes”, elementos que, bajo el sistema jurídico mexicano, todavía no lo son para acreditar responsabilidades penales. Mientras la fiscalía estadounidense puede avanzar con estándares relativamente bajos para formular acusaciones, en México se exige una carga probatoria más sólida para llegar a una sentencia condenatoria.
La diferencia entre los sistemas penales de Estados Unidos y México ayuda a entender por qué pueden surgir acusaciones mediáticas o judiciales en un país sin que necesariamente exista un proceso sólido o una sentencia en el otro. En Estados Unidos, una investigación federal puede apoyarse inicialmente en testimonios de cooperantes, declaraciones de narcotraficantes detenidos, reportes de inteligencia o comunicaciones interceptadas para construir una acusación preliminar bajo el estándar de “causa probable”; esto permite abrir expedientes, solicitar órdenes judiciales o incluso integrar acusaciones formales sin que todavía exista una prueba definitiva de culpabilidad.
En México, en cambio, para proceder penalmente contra un funcionario se requiere que las acusaciones estén respaldadas por datos de prueba verificables y legalmente obtenidos, como documentos financieros, peritajes, registros oficiales, transferencias bancarias, evidencia material o testimonios corroborados ante autoridad judicial. Además, esas pruebas deben resistir contradicción y debate en juicio oral. Por ello, desde la perspectiva jurídica mexicana, declaraciones aisladas de testigos colaboradores o versiones provenientes de procesos estadounidenses no bastan por sí solas para acreditar responsabilidad penal.
Presión política y narrativa del “narcoestado”
Esta diferencia entre sistemas también crea tensiones diplomáticas, ya que medios y actores políticos estadounidenses impulsan narrativas sobre un supuesto “narcoestado”, lo que aumenta la presión política y diplomática sobre México.
Existe, además, una contradicción de fondo: Estados Unidos se presenta como árbitro de la lucha antidrogas, pese a que el mayor mercado de consumo de sustancias ilícitas y la venta indiscriminada de armas para los criminales están en su territorio, y buena parte del lavado de dinero y distribución ocurre dentro de sus propias fronteras.
Un modelo que debilita la cooperación
El uso excesivo de testimonios negociados afecta la cooperación bilateral. Cuando las acusaciones se perciben como herramientas políticas, disminuye la confianza entre gobiernos e instituciones. El Gobierno de México podría considerar riesgoso colaborar si se percibe que el sistema premia más la delación interesada que la evidencia sólida.
El caso Sinaloa refleja hasta qué punto las acusaciones buscan combatir realmente al crimen organizado y hasta qué grado sirven también para influir en la política interna mexicana y mantener presión política de algunos actores desde Washington sobre México.
La cooperación internacional no puede sostenerse sobre testimonios comprados, filtraciones mediáticas o acusaciones construidas para presionar políticamente a otro país. Si las autoridades de los Estados Unidos pretenden actuar como referentes de justicia, deben presentar pruebas sólidas, verificables y compartidas bajo estándares recíprocos de legalidad, no expedientes sustentados principalmente en delatores premiados.