RedacciónLa Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó este jueves 20 de junio desde el Monumento a la Revolución una estrategia integral para combatir el despojo de viviendas en la capital. Entre las medidas destaca la habilitación de una línea telefónica directa para recibir denuncias y brindar acompañamiento, así como la creación de un Gabinete especializado que ya ha logrado recuperar inmuebles en Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc e Iztapalapa.
Gobierno capitalino responde ante creciente problema social
La creciente ola de despojos en la Ciudad de México ha generado preocupación entre los habitantes, especialmente en zonas de alta demanda inmobiliaria. En respuesta, Clara Brugada anunció la activación del número telefónico 55 5345 8120, al cual las víctimas pueden comunicarse para recibir orientación jurídica y apoyo institucional. El horario de atención será de lunes a viernes, de 09:00 a 20:00 horas.
Este nuevo canal de atención forma parte del Gabinete contra el Despojo, un organismo interinstitucional coordinado por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Su objetivo es frenar una práctica que ha vulnerado el patrimonio de numerosas familias, muchas de ellas adultas mayores o sin acceso a asesoría legal.
Gabinete contra el Despojo: acciones concretas y recuperación de inmuebles
Brugada detalló que el Gabinete ya ha tenido resultados positivos al recuperar predios ocupados ilegalmente en tres alcaldías, y que seguirá trabajando de forma articulada con autoridades judiciales, notariales y del Registro Público de la Propiedad para proteger los derechos de los legítimos propietarios.
“El despojo de viviendas no solo es ilegal, es un acto profundamente inhumano que vulnera la estabilidad de las familias. Por eso estamos actuando con firmeza, con leyes claras y con el respaldo del Gobierno”, afirmó Brugada.
Despojo: delito tipificado y con penas elevadas
Durante su mensaje, la mandataria capitalina subrayó que el delito de despojo está debidamente tipificado en el Código Penal de la Ciudad de México, con sanciones que van de cinco a diez años de prisión, y que pueden aumentar si la víctima es un adulto mayor o un familiar directo del responsable.
“El despojo se castiga con severidad. Este Gobierno no tolerará más atropellos al patrimonio de los capitalinos”, señaló Brugada, quien también enfatizó que se trabaja para mejorar la respuesta institucional ante las denuncias, muchas veces desatendidas por la complejidad legal del problema.
Prevención y apoyo: pilares de la nueva estrategia
La Jefa de Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier intento de despojo y garantizó que el acompañamiento será integral: desde la asesoría jurídica hasta la protección policial, si es necesario.
“Les decimos a quienes han sido víctimas: no están solos. Este gobierno está de su lado para recuperar lo que les pertenece y garantizar que no se repitan estos abusos”, expresó.
Además, anunció que en los próximos días se presentará un programa especial para prevenir y sancionar este delito, el cual incluirá reformas legales, mayor coordinación con el Poder Judicial y campañas de información para que los ciudadanos conozcan sus derechos.
Una política pública con visión social y justicia territorial
El combate al despojo de viviendas se enmarca dentro de una visión más amplia de justicia territorial, uno de los ejes rectores de la administración de Brugada. Esta política busca equilibrar el acceso al suelo, frenar la especulación inmobiliaria y garantizar que los habitantes de la capital puedan ejercer su derecho a la vivienda digna.
En palabras de la mandataria: “Estamos recuperando propiedades cada semana. Se está actuando bien, como debe hacerse. No vamos a permitir que mafias del despojo sigan operando impunemente”.
Una llamada puede marcar la diferencia
Con la habilitación del número 55 5345 8120 y el despliegue del Gabinete contra el Despojo, el Gobierno de la Ciudad de México busca ofrecer respuestas inmediatas y efectivas ante un delito que, por años, se cometió en silencio. La apuesta es por una administración cercana a la ciudadanía, que proteja el derecho a una vivienda segura y libre de violencia legal o patrimonial.
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