RedacciónEl operativo conjunto desplegado para localizar a los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia, Sinaloa, ha resultado en la detención de cuatro personas en dos acciones separadas, así como en el aseguramiento de un arsenal que incluye fusiles de alto poder, pistolas, chalecos tácticos y cientos de cartuchos de munición. Las detenciones, realizadas en los poblados La Concepción y El Verde, se enmarcan en la investigación por la desaparición forzada de al menos 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver, quienes fueron secuestrados la mañana del 23 de enero en dos eventos simultáneos. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que investiga su posible vínculo con el crimen.
En la primera intervención, efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa detuvieron a un hombre y una mujer que intentaron huir en las inmediaciones de La Concepción. A ellos se les aseguró un fusil SCAR Multi-Caliber calibre 7.62×51 mm, una pistola Glock 22 calibre .40, tres cargadores y más de 50 cartuchos útiles. En una segunda acción, el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) y fuerzas federales capturaron a otros dos civiles en la zona de El Verde, decomisándoles dos armas largas tipo AK-47 calibre 7.62×39 mm, ocho cargadores, 240 cartuchos y dos chalecos tácticos. La presencia de este equipo militar sugiere la participación de grupos delictivos organizados.
Paralelamente a las detenciones, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que se han realizado cinco cateos en Mazatlán y Concordia como parte de la investigación. Cuatro de estos registros se efectuaron en Concordia —dos en la cabecera municipal y dos en zonas serranas— y uno más en Mazatlán. Durante estos operativos, autoridades localizaron pertenencias y documentos que podrían estar relacionados con los mineros desaparecidos, así como teléfonos celulares, una laptop y tarjetas de identificación, los cuales ya están siendo analizados por peritos tecnológicos. Para esto, se obtuvo autorización judicial para acceder a la información de los concesionarios de telefonía, con la esperanza de que los datos contribuyan a ubicar el paradero de las víctimas.
La fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, detalló que la carpeta de investigación se abrió el 24 de enero, un día después de la desaparición, y que las acciones se han coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal. El despliegue actual incluye más de 1,190 elementos, apoyados por helicópteros artillados, avionetas y células de inteligencia, cubriendo la zona serrana y los accesos del municipio de Concordia. Sánchez Kondo reiteró que, hasta el momento, solo se han formalizado cinco denuncias penales por la desaparición, provenientes de familiares en Zacatecas, Sonora y Guerrero, a pesar de que la empresa reportó inicialmente 10 ausentes y algunos familiares hablan de hasta 14.
Los hechos ocurrieron la mañana del 23 de enero de manera prácticamente simultánea. Un primer grupo armado irrumpió en el campamento de la empresa Vizsla Silver, ubicado en el fraccionamiento La Clementina, donde los trabajadores pernoctaban, y los privó de la libertad cuando se preparaban para iniciar su jornada. En un evento paralelo, otro grupo de víctimas fue secuestrado en una parada de transporte sobre la carretera Villa Unión–Durango, a las afueras de Concordia, mientras esperaban el transporte hacia la mina. Testimonios indican que los ataques fueron sorpresivos y que no hubo amenazas previas; las familias se enteraron al perder comunicación con los trabajadores y luego recibir confirmación de la empresa sobre el «levantamiento».
Entre los secuestrados hay ingenieros, geólogos, coordinadores de seguridad y responsables de relaciones comunitarias y medio ambiente, todos perfiles profesionales clave para la operación minera. Familiares de las víctimas han insistido públicamente en su inocencia y en que se trata de «personas trabajadoras» sin vínculos con grupos delictivos, que solo buscaban un sustento para sus familias. La falta de denuncias formales adicionales, según la fiscal, limita el alcance legal de algunas diligencias, por lo que se ha hecho un llamado a las familias y a la empresa a formalizar todos los reportes pendientes.
El operativo en Concordia representa uno de los despliegues de seguridad más grandes en Sinaloa por un caso de desaparición en años recientes, reflejando la gravedad con la que las autoridades federales y estatales están tratando el incidente. La participación de grupos criminales en secuestros masivos contra empleados de una empresa extranjera añade una capa de complejidad y preocupación por la seguridad de las inversiones en la región. El avance de la investigación en los próximos días, particularmente el análisis de la evidencia tecnológica y los interrogatorios a los detenidos, será crucial para determinar el móvil —que podría ir desde extorsión hasta un mensaje de disputa territorial— y, lo más importante, localizar con vida a los mineros desaparecidos.
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