Luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresara sus preocupaciones sobre los potenciales riesgos que la reforma al Poder Judicial Federal podría representar para la relación comercial entre ambos países, horas después, el embajador canadiense, Graeme Clark, hizo lo mismo y mencionó la inquietud de los inversionistas canadienses sobre esta iniciativa.
Ambos diplomáticos compartieron sus preocupaciones en el marco del “Cancham Day 2024”, el principal foro comercial entre México y Canadá. Durante el evento, Clark abordó el tema con cautela, subrayando que, como embajador, le resulta difícil manifestar opiniones sobre asuntos internos sin que pueda parecer una injerencia. “He escuchado estas preocupaciones sobre los cambios constitucionales. Como embajador, es complicado hablar públicamente sin que parezca intervención”, dijo Clark. Este foro es clave para el diálogo comercial entre las dos naciones, que mantienen una relación económica significativa.
La Cámara de Comercio Canadá en México reporta una operación anual superior a los 40 mil millones de dólares canadienses en comercio entre ambos países, con Canadá siendo el segundo mayor inversor extranjero directo en México. Clark resaltó su papel como “correa de transmisión” de las inquietudes de los inversionistas canadienses, destacando que, a pesar de las buenas relaciones con el gobierno mexicano, ha sido necesario señalar problemas y preocupaciones que afectan la inversión.
En el último par de años, las empresas de capital canadiense, especialmente en sectores como la minería y la energía, han enfrentado conflictos con las autoridades mexicanas debido a reformas en estos sectores. La reforma al Poder Judicial Federal propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que actualmente está en discusión en el Congreso, ha intensificado estas preocupaciones.
Empresas globales, que representa los intereses de 63 firmas transnacionales en México, ha alertado sobre el riesgo de “perder oportunidades de inversión” debido a la reforma. En un comunicado, el organismo expresó su “preocupación ante el riesgo” de perder “certeza jurídica” para los capitales que tienen en México, que representan alrededor del 40 por ciento de la inversión extranjera directa (IED) en el país. Este porcentaje es significativo considerando que la IED total en México el año pasado fue de 29 mil 629 millones de dólares, según el Banco de México.
