Filiberto Cruz MonroyLa Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que crea un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móviles. Este sistema permitirá a las instituciones de seguridad acceder a datos personales para investigar delitos como extorsión y secuestro. «Es una herramienta clave para combatir el crimen organizado», argumentan los legisladores, aunque críticos advierten sobre riesgos de vigilancia masiva.
La segunda reforma otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acceso a información de dependencias públicas y empresas privadas. Esto incluye registros vehiculares, biométricos, fiscales, telefónicos, inmobiliarios y de armas. Además, la SSPC podrá aplicar medidas de inteligencia y contrainteligencia para detectar y neutralizar redes criminales.
Se creará un sistema que conectará a la SSPC con la FGR, Sedena, Marina, INE, SAT, UIF y registros públicos. Este «Big Brother» centralizará datos para agilizar investigaciones, pero también genera preocupaciones sobre privacidad y abusos de poder. «¿Quién garantiza que esta información no se use con fines políticos?», cuestionan activistas.
Prospectiva:
Si bien las reformas buscan fortalecer la lucha contra el crimen organizado, su implementación podría derivar en violaciones a derechos humanos y vigilancia indiscriminada. El desafío será equilibrar seguridad y privacidad, asegurando que los datos no sean mal utilizados. La pregunta es: ¿México está listo para un sistema de vigilancia total o repetirá errores de otros países?